Acabo de ver un cartelito publicitario del PSOE que, bajo la frase en negrita España cohesionada e inclusiva, informa que los 884 compromisos adquiridos (sic), el 42,6% de los referidos a la cohesión social y el 46,7% de los que afectan a la cohesión territorial se han cumplido. Todos los demás «están activados». Luego citan, a palo seco, el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, la ley de la Formación Profesional, la ley orgánica de regulación de la eutanasia, le ley de protección integral a la infancia y un plan de 130 medidas (sic) ante el Reto Demográfico (en mayúsculas, para dejar claro que con 45 o 118 no bastaban). La inmensa mayoría de los lectores –si esta cosa tiene lectores– se habrán sentido sacudidos por la conmoción que semejante actividad reformista debe estar produciendo. El mismo Pedro Sánchez se dio ayer un beso de tornillo para anunciar que su Gobierno ha cumplido ya la mitad de sus objetivos. Es el mismo presidente que anunció el lunes «un aporte de refuerzo» de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas, cuando en realidad se trata de los 7.000 millones que el Gobierno está obligado a devolver, en concepto de IVA cuasiconfiscado en 2017, a las CCAA, según reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Aunque es difícil asegurarlo, los «compromisos» que cita el cartelito deben tener su acomodo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que el presidente Sánchez presentó con las fanfarrias de rigor el pasado mes de abril, cuando además se amplió el documento España Puede. Cubrir hasta el 42% de lo anunciado en el Plan de Recuperación en apenas ocho meses es algo que solo puede lograr un Gobierno que además ha tenido tiempo para cambiar un vicepresidente y varios ministros. Y no solo eso. Antes del puñetero coronavirus ya había una Agenda del Cambio (formalizada en febrero de 2019) con un calendario de 115 medidas estructuradas en 17 objetivos e integrada, a su vez, en la Agenda 2030. Estos documentos sucesivos, regurgitados de vez en cuando aquí y allá para que parezca que sirven para algo, proyectan un conjunto de objetivos y programas generalmente cualitativos y a veces delicadamente ambiguos, y más rara vez cuantitativos. ¿Cómo incumplir del todo un objetivo cualitativo? ¿Y cómo puede valorar y criticar la ciudadanía esta sopa de letras de planes, epígrafes, acciones y programas que a menudo se mencionan y relacionan mutua y confusamente y a veces se superponen aún para mayor confusión? Es realmente curioso que todos los planes y estrategias supuestamente reformistas del Gobierno del PSOE y UP se diseñen y desarrollen por las administraciones públicas pero que la muy perentoria reforma de las administraciones públicas –que potencie su cualificación, eficacia y eficiencia– no aparezca por ninguna parte.
Y esa es la contribución del cartelito publicitario del PSOE y de toda la inmensa maquinaria propagandística del Gobierno y sus servicios auxiliares: no difundir mentiras –es imposible creer o descreer de unos porcentajes que no se refieren a nada en concreto– sino fabular una legitimidad de ejercicio así como un progresismo incansable, histórico, excepcional. La recuperación económica, que no ha llegado este año y que tal vez no se afiance el año que viene, no encuentra su mejor estrategia en Gobiernos que no son capaces de debatir y consensuar parlamentariamente la asignación de los fondos Next Generation –como ha ocurrido en Italia o Alemania– y que llaman reforma laboral a un limitado conjunto de cambios normativos que no cambian sustancialmente la situación del precariado español. El Gobierno canario ha mimetizado a su hermano mayor: se gestiona como antes, con una oposición arrinconada a la que se llega a llega a tachar de guerracivilista, y se fía todo a una recuperación del turismo, que será muy gradual; mientras tanto, no se preocupen, que disponemos de pasta para políticas asistenciales. Hasta que se acabe. Pero quién piensa en eso todavía.
