Nadie, parece ser, velará por que se cumpla la providencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir en castellano el 25 por ciento de la enseñanza en los colegios catalanes. El Ministerio de Educación ya ha garantizado a la Generalitat que no va a pedir la ejecución de la sentencia. Es una misión, sostiene, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que presumiblemente tampoco lo hará. Es resumidas cuentas, todo proseguirá como hasta ahora.
Cualquiera podría pensar que ante tanto incumplimiento reiterado de la ley lo que queda es aplicar el código penal al conseller que se niega a acatar una sentencia, pero no es algo que vaya a ocurrir con los vientos que soplan dividiendo a las instituciones y socavando el estado de derecho. Los nacionalistas, socios del Gobierno, tendrán por tanto las manos libres para continuar adelante con la inmersión e imponer definitivamente el catalán en una comunidad bilingüe.
Tomando como punto de partida la imposición del monolingüismo en Cataluña no es nada descabellado, sino todo lo contrario, que la situación pueda reproducirse con el tiempo en Asturias de aprobarse la oficialidad del bable. Es el problema más grave que gravita sobre este asunto. Con una mayoría aplastante de asturianos que solo se expresan en castellano, el riesgo puede que no sea inminente. Por ahora solo hay intereses particulares creados y una mistificación de un producto que no se justifica. Pero eso no quiere decir que en el futuro, viéndose poseedores de una llingua propia, no crezca el sentido de pertenencia y de identidad que lleva a creerse únicos y excluyentes, y que arrastra a los pueblos a cometer las mayores estupideces. La lengua catalana existe históricamente y de modo real en la Cataluña bilingüe; en Asturias el bable que se quiere imponer de «manera amable» es fruto de la impostura, y de la urgencia de unos pocos. No se olviden de que la socialista Francina Armengol también predicó «la amabilidad» en Baleares antes de emprender la vía monolingüe.
