El Tribunal Consitucional ha declarado nulo el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: esto es, lo que llamamos «plusvalía municipal». Es lo que le pagas al Municipio –como si fuera tu socio de toda la vida– cuando vendes una vivienda. Y supone unos ingresos de alrededor de 2.600 millones para los ayuntamientos españoles. O sea, que han perdido una pasta muy importante.
La sentencia es una puntilla que ya venía precedida de dos sentencias previas –una en 2017 y otra en 2020– en las que ya quedó clarísimo que el impuesto era una chapuza. El primer varapalo fue que no se podía liquidar un impuesto si se vendía una casa por debajo del precio en el que se había comprado. O sea, si no había beneficio. ¿Y cómo podía hacerse así? Pues porque el cálculo que hace Hacienda del beneficio teórico que se consigue por la venta de una casa no tiene nada que ver con el precio real en que se hace la transacción. La administración tributaria fija el importe a pagar sobre el valor catastral, aunque se haya vendido realmente por debajo de ese precio. Pero la Constitución Española establece –artículo 31– que los tributos tienen que adaptarse al principio de capacidad económica. O sea, que la plusvalía municipal es inconstitucional porque no guarda ninguna relación con el precio real.
Que el impuesto chapucero haya terminado así es un mérito compartido por el PP y el PSOE. Todos han sido responsables. Solo es ahora, tras la sentencia, que el Ministerio de Hacienda se ha puesto las pilas para actualizar la Ley de Haciendas Locales con una redacción que cumpla con la Constitución. Pero ya desde la época del Gobierno del PP, con Mariano Rajoy en la Presidencia, el Constitucional le dio el primer meneo al impuesto estimando que era ilegítimo cobrar a algunos contribuyentes que habían perdido dinero en la venta de su casa. Ya se veía claramente por donde venían los tiros.
Tan evidente era que el PSOE, en la oposición, exigió a Rajoy que devolviera lo cobrado ilegalmente a los ciudadanos y que modificara el tributo para adecuarlo a la legalidad constitucional. Pero ni lo hizo el Gobierno de antes ni el de ahora. Se siguió exprimiendo a saco los ciudadanos para alimentar a la hidra de mil cabezas que es el aparato del Estado.
Ahora tendrán que cambiar la ley a uña de caballo. Y mientras tanto, decenas de miles de contribuyentes van a lanzarse en tromba pidiendo la devolución de las liquidaciones no prescritas. Me temo que los ayuntamientos españoles van a exigirle al Gobierno que cubra el agujero que se va a causar en las haciendas locales con cargo a los Presupuestos del Estado. Y ya verás las que se va a liar cuando les digan que «por aquí se va a Berlín».
El boombardeo
Las redes sociales entraron ayer en delirio. Unas declaraciones radiofónicas, de hace una semana, de Casimiro Curbelo, el incombustible líder de la Agrupación Socialista Gomera, se convirtieron en tendencia arrolladora y fuente de todo tipo de comentarios y memes graciosos. Curbelo había aludido a la posibilidad de encauzar los ríos de lava del volcán de La Palma con explosivos, para marcarle un camino a las coladas. Aunque parezca una locura ya se ha hecho en otros lugares, como en Italia, al menos dos veces en dos procesos eruptivos del Etna que amenazaron zonas pobladas. Pero alguien subió un corte del audio a las redes y comenzó el jolgorio con escuadrillas de aviones bombardeando La Palma, carteles de supuestas películas, como Almogroteddon o memes con Curbelo vestido de militar y con un bazoka bajo el título «Desatascos Curbelo SA». En fin, que al final el que aguantó un intenso bombardeo de las redes sociales fue el propio político que terminó hasta más arriba del bigote saliendo a dar explicaciones. Que dieron exactamente igual, porque la gente no va a permitir que la verdad estropee un buen vacilón. Lo mejor en el tema del volcán, del que sigue todo el mundo pendiente, es hacer como el anónimo Equipo A que rescató a los perros: no asomar mucho el hocico, porque aquí a las primeras de cambio te pasan la pulidora.
