El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos van a renovarse. Por fin, cabe añadir, dado que la falta de acuerdo entre el Gobierno de España y el principal partido de la oposición, el PP, había bloqueado hasta ahora la renovación de unas instituciones en el tiempo y forma que indica la Constitución. Queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), palabras mayores dado su carácter de pivote en nuestro sistema democrático.
Es sin duda una buena noticia que en estas instituciones por fin se haya roto un bloqueo político que erosionaba su legitimidad a ojos de la ciudadanía y dificultaba su correcto funcionamiento. En este sentido, un aplauso al Gobierno y al PP por haber superado el bloqueo. Eso sí, la rapidez con la que se ha cerrado el acuerdo para la renovación demuestra, por si hiciera falta, que el bloqueo obedecía exclusivamente a la falta de voluntad política. Gobierno y oposición habían pactado los nombres hace meses, y solo faltaba el visto bueno de los líderes. Pablo Casado, por el PP, tendió ahora la mano, Félix Bolaños, por el PSOE, cogió el guante al vuelo y en tres días se anunció el acuerdo. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? La voluntad política.
Desde el punto de vista del Gobierno, el acuerdo supone cerrar una incómoda carpeta, ya que en última instancia es su responsabilidad impulsar y llevar a buen puerto las negociaciones para las renovaciones de los órganos constitucionales. Aunque la responsabilidad del bloqueo no se reparte a partes iguales, la mala imagen entre la ciudadanía que ofrecían las instituciones sin renovar erosionaba al Ejecutivo.
Desde el punto de vista del PP, Casado intenta reforzar su imagen de estadista frente a Vox y apuntarse el tanto del desbloqueo, ya que el desenlace se ha precipitado a partir de la mano tendida del líder conservador en el Congreso de los Diputados. Es cuando menos paradójico, ya que es al tacticismo del PP en este asunto a quien cabe atribuir una mayor cuota de responsabilidad (no la única, ya que al Gobierno de Pedro Sánchez le iba bien retratar a la oposición como irresponsable) en el bloqueo institucional.
Sea como sea, cabe aplaudir el acuerdo y, de inmediato, exigir a ambas partes que esa voluntad política que ha logrado desbloquear en unos días la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos perdure hasta renovar el CGPJ. Desde el Gobierno de la Nación y el PP se transmiten palabras de optimismo respecto al órgano de gobierno de los jueces. Pero habrá que ver.
Esta renovación es de suma importancia, como ya han puesto sobre la mesa tanto el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como el de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, durante sus respectivos discursos de apertura del año judicial nacional y regional.
En el caso de Lesmes, en esta ocasión no pronunció palabras de despedida, quizá porque no veía entonces, no sabemos ahora, expectativas a corto plazo de renovación del CGPJ. Se trataba de su cuarto discurso en la apertura del año judicial con el órgano de gobierno de los jueces pendiente de renovación. Sigue en esta situación desde el 4 de diciembre de 2018, hace más de mil días, casi tres años. Lesmes instó a los dos principales partidos, PSOE y el PP, a renovar la institución. «Urge, por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación», reclamó.
La situación «resulta insostenible para la judicatura», añadió Lesmes, que repartió responsabilidades entre el Gobierno y el PP, aunque resulta que fue más duro con el primero al criticar la reforma que desde el mes de marzo impide al organismo que preside efectuar nombramientos precisamente por no haber renovado a sus miembros. Esa reforma, según Lesmes, «ha venido a agravar la situación». Aunque quizá sería más preciso decir que, con la finalidad de presionar hacia el desbloqueo, lo que hace es hacer patente la gravedad de esta situación. Así, la renovación del CGPJ, que constituye una auténtica anomalía democrática y una violación de la Constitución, permanece estancada y bloqueada.
Precisamente de «anomalía judicial» calificó el presidente del TSJC el bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Lorenzo Bragado cree que esa situación de interinidad es preocupante para todos los operadores jurídicos y para toda la carrera judicial. Se trata de una complicación para todos los órganos judiciales e incluso para los de gobierno de los magistrados canarios porque les afecta en el día a día. Como ejemplo, detalló en su discurso de apertura del año judicial que hay dos plazas sin cubrir: la presidencia de la Sala de lo Social de Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de la Sala de lo Social se produce en un ámbito en el que es preciso afinar en los próximos meses como consecuencia de las aún imprevisibles consecuencias de la brutal crisis económica generada por la pandemia y que hasta ahora ha podido ser capeada a través de potentes inyecciones de ayudas públicas que han evitado despidos y cierres masivos de empresas.
En ambos casos se trata de circunstancias que afectan evidentemente al funcionamiento de esos órganos e incluso a la Sala de Gobierno «porque nos vemos privados de dos miembros natos y también puede afectar a la formación de los quórums necesarios para nuestro funcionamiento», reiteró el presidente del TSJC al tiempo que añadió que la sociedad y la carrera judicial «demandan como un auténtico clamor» la solución a este conflicto.
Es cierto que a los jueces no les corresponde meterse en cuestiones políticas, pero nunca está demás que sus representantes institucionales insten de alguna forma a los responsables políticos para que esta anomalía democrática y judicial situación se remedie cuanto antes. Inaugurada la senda de los acuerdos entre Gobierno y PP, veremos ahora si la responsabilidad institucional y el respeto al espíritu y la letra de la Constitución pesan ahora más en el ánimo de quienes tienen que pactar que el tacticismo político. Veremos, en definitiva, si hay voluntad política.
