Hace solo unos días, el presidente Pedro anunciaba unos buenos datos sobre la recuperación del empleo al nivel de la precrisis. Como se demostró posteriormente, la dulce fruta estaba bichada. La Fundación Funcas presentó un estudio en el que se demostraba que el mercado privado aún arrastra cuatrocientos mil empleos menos de los que tenía antes de la última sacudida vírica de nuestra economía.
Por supuesto que estamos mejorando. Los indicadores de paro van evolucionando favorablemente para regresar a nuestra “mala salud de hierro”. La caída de desempleados en septiembre, más de 76 mil, es el mejor dato en este mes en toda la serie histórica. La afiliación a la Seguridad Social –que es el dato del algodón en este batiburrillo de EPAs, SEPES y demás– ha pasado de los diecinueve millones y medio de trabajadores. Un dato maravilloso teniendo en cuenta que venimos de ese terrible abismo del año 2020 en donde apenas contábamos con catorce millones.
Entre los datos aportados por la fundación se hace alusión al peso estadístico de los 180 mil empleos creados en el sector público. Porque si algo se ha recuperado es, precisamente, el ritmo de contratación de una administración que ha querido dar mejores servicios en los peores años, pero no a base de mejorar la eficacia y la eficiencia de las plantillas, sino a base de aumentar el número de efectivos. Como los malos generales, de las antiguas batallas, todo se arregla poniendo al frente más carne de cañón.
El debate de si hay demasiado sector público o demasiado poco es absurdo. Cuanto más haya, mejor, siempre y cuando lo puedas pagar. Es fantástico tener más profesionales sanitarios y educadores, siempre y cuando lo podamos sostener con unos impuestos razonables. Trabajar la mitad del año para pagar lo que nos carga el Estado –que es lo que hacemos hoy– no parece nada razonable. Y que la tendencia sea cargar la mochila de los salarios privados, de los autónomos y las pymes, con más esfuerzo fiscal, parece simplemente insoportable.
Cuando se quiere determinar, con cifras, la realidad del sector público en Canarias, el viaje se convierte en una odisea. El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la CCAA del año 2020 asegura que nuestra comunidad tenía 64 mil empleados (por cierto con una abrumadora mayoría de 45 mil mujeres frente a 19 mil hombres). Sin embargo, a comienzos de ese mismo año —el once de marzo— el Gobierno firmó la prórroga del seguro de vida del personal público de la Comunidad, por importe de 4 millones, que cubría, en ese entonces, a 75.032 personas. ¿Por qué se dan unas cifras si la realidad parece ser otra?
Ah. Con la Iglesia hemos topado, Sancho.
Ayuda insuficiente
Las ayudas que se ha aprobado para quienes perdieron su vivienda en La Palma son de 30 mil euros. Y la gente se ha indignado, porque es obvio que no se acerca ni de lejos al valor de las viviendas desaparecidas. Pero hay que tener en cuenta que esa cifra, que nos parece ridícula, realmente duplica la indemnización prevista en la normativa para estas catástrofes. El cabreo de los ciudadanos es entendible, pero se enfrentan a un Estado tramposo que funciona así. Cuando se trata de cobrar hipervalora los bienes de las personas para inflar sus ingresos fiscales. Cuando se trata de indemnizar o de expropiar hace exactamente lo contrario. Con treinta mil euros no hay manera, humana o divina, de comprarse una casa. Ni en La Palma ni en la Cochinchina. Pero aprobar esa ayuda no es una tomadura de pelo, es lo único que las autoridades pueden hacer con las leyes en las manos. Además, hay miles de personas que están en lista de espera para una vivienda pública que no tendrán ayudas, ni exención del IGIC. La lava del volcán, es una catástrofe. Pero la pobreza también.
