Hay un sentir unánime, no solo de los empresarios, sino de la ciudadanía, que urge la vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos. Es incomprensible y de todo punto anómalo que sean los únicos que todavía mantienen, mayoritariamente, el trabajo telemático, cuando la iniciativa privada, dando ejemplo, está rindiendo de forma presencial, de manera eficiente y asumiendo responsablemente todas las medidas de seguridad o preventivas establecidas. No se puede caer en el fatalismo o nihilismo de Nietzsche, cuando dijo «el que no tiene dos terceras partes de su jornada para sí mismo es un esclavo, sea lo que sea, político, comerciante, funcionario o erudito». Todo lo contrario. Hay que aportar, sumar, producir, porque el trabajo no subyuga, sino que engendra dignidad personal y riqueza social.
Es oportuno avanzar a mayor velocidad para reconstruir Canarias y eso no se puede hacer desde casa, con citas telefónicas, la mayoría de las veces imposible de conseguir y, cuando se logran por casualidad o suerte, después se tardan meses en concretar cualquier reunión, aunque sea por vía tecnológica. Además, el Gobierno de Canarias, en su día, hizo un gasto significativo para acondicionar todos los espacios y oficinas públicas con el fin de preservar la seguridad sanitaria ante la pandemia de la covid-19, por lo que no hay disculpa alguna para el regreso inmediato de los funcionarios a sus puestos de trabajo presencialmente. Mantener los edificios múltiples u otras dependencias públicas abiertas y sin personal es un derroche económico en toda regla, bochornoso. Parecen más una exposición de muebles que oficinas administrativas. Es una prueba contundente de la incapacidad gestora de una administración pública canaria que no sirve a las necesidades actuales que el sistema productivo y la sociedad demandan.
A toda esta calamidad, hay que apuntar un hecho trascendente y reflejo del desequilibrio interinsular vigente en nuestra Comunidad Autónoma, que condena a Tenerife a padecer una parálisis crónica y, por otro lado, sirve para engrandecer a Gran Canaria, potenciando su productividad. No se trata de avivar ningún pleito insular, ni de buscar enfrentamientos estériles, ni comparaciones malévolas, sino de plasmar una realidad, denunciada precisamente por empleados públicos con fundamento y algunos políticos en activo, que evidencian la escasez de medios humanos que tiene la Administración canaria en Tenerife, en comparación con la isla hermana.
En nuestra Isla, los funcionarios, están sufriendo una carga de trabajo superior a la responsabilidad que lleva aparejada su propia ocupación, precisamente, por la falta de personal. La infradotación en los medios humanos necesarios para sacar adelante licencias, informes sectoriales o demás trámites burocráticos, está perjudicando notablemente a la economía insular y su dinamismo, que se ve ralentizado debido a la tardanza en las resoluciones correspondientes porque no existe la plantilla mínima o suficiente para tramitar los expedientes en tiempo y forma. Algo que sí se hace con diligencia en Gran Canaria porque cuentan no solo con todos los recursos humanos imprescindibles, sino, incluso, más de los necesarios.
Los empresarios, y también los ciudadanos, somos víctimas de esta mala planificación territorial de la función pública, que hace que las inversiones o el comienzo de nuestras actividades se retrasen indefinidamente, a la espera de la ocupación del respectivo puesto de trabajo público, siempre vacante, que pueda diligenciar los procedimientos exigidos por la normativa vigente. Incluso asuntos correspondientes a nuestro territorio insular tienen que resolverse desde la isla hermana, porque en Tenerife no hay nadie que pueda solventarlos. Así se entiende una de las claves que propician la clara diferencia de desarrollo entre las dos islas capitalinas. Que los funcionarios empiecen a trabajar de forma presencial es apremiante, pero más imperioso es respetar a Tenerife.