Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Luz de gas

Cuando alguien lanza una amenaza que no está en sus manos cumplir, o abusa de nuestra credulidad o se ha equivocado, fruto de una desesperación de niño enrabietado. Cerrar centrales de generación eléctrica, nucleares o no, necesita el permiso del Gobierno, previo informe del Operador del Sistema Eléctrico (REE) sobre las consecuencias de dicho cierre en la seguridad de suministro. El sector eléctrico gestiona un bien básico y por eso está muy regulado, para garantizar que todo el mundo tiene acceso al mismo y que no hay apagones por falta de generación. Por ello, se fijan las retribuciones para los costes de transporte y distribución de electricidad, así como las reglas con las que se efectúa los intercambios entre oferentes y demandantes en el mercado mayorista, con su precio, supervisado diariamente por dos reguladores, OMIE (precios) y REE (suministro).

Luz de gas

Entiendo que a las empresas eléctricas no les haya gustado el Decreto Ley aprobado esta semana para mitigar el impacto de la escalada internacional de precios del gas natural y su repercusión sobre la elevación desmesurada del precio de la electricidad en el mercado mayorista con el que hemos abierto los informativos desde hace varias semanas y que amenaza con proseguir varios meses todavía. Tampoco a sus inversores, que han sancionado su valor en bolsa, como si la cotización respondiera más a una normativa ‘favorable’ que a la buena labor de sus gestores.

La primera respuesta política que dio el Gobierno a un asunto con tanta sensibilidad social y eco mediático fue un desastre. Todo el mundo entendimos que no podía hacer nada más que enviar una carta al Comisario europeo. Como el asunto se estaba yendo de las manos, fue la intervención directa del presidente lo que cambió el rumbo hacia el actual paquete de medidas, cuyo efecto práctico habrá que analizar pero que, sin duda, ha servido para amortiguar las críticas al Gobierno provenientes, incluso de sus propios socios y aliados. La torpeza de las eléctricas en la gestión de su reputación ha ayudado a salvar al Gobierno, porque todos entendemos que tienen derecho a recurrir las medidas ante los tribunales si creen que les perjudica de forma injusta, pero nunca se puede amenazar, o echar un pulso público a un Gobierno democrático. Será interesante ver cómo se posiciona la oposición en el Congreso cuando se convalide el Decreto Ley.

¿Por qué está justificada una intervención pública para abordar la difícil situación creada? Es cierto que se puede explicar, como se empezó haciendo, consecuencia de un momento excepcional en los mercados internacionales del gas natural y de los derechos de CO2, frente a la que poco se podía hacer. Sin embargo, más allá del gran malestar social y político, agitado, sin duda, desde los medios y las redes con la información hora a hora de las escandalosas evoluciones del precio de la electricidad en una cosa hasta entonces desconocida para el público, como el mercado marginalista, hay una lógica económica subyacente: si las subidas del gas y CO2 responden a causas coyunturales aunque duraderas (meses), no tiene sentido que, en un sector absolutamente regulado desde la Unión Europea y los Estados Miembros, esa atípica situación se traduzca en grandes pérdidas para los consumidores (familias y empresas) por precios muy elevados y grandes beneficios extraordinarios para las empresas generadoras de electricidad como consecuencia de la peculiar manera de retribución que tiene regulada ese ‘mercado’.

Intentar repartir mejor los costes y beneficios de un momento excepcional no es «meter la mano», como alguno ha dicho, sino ejercer las competencias de un regulador responsable que aspira a la mayor equidad posible a lo largo de las fluctuaciones del mercado que se puedan producir. Sobre todo, cuando el problema ya se estaba desbordando por toda la economía en forma de fuertes alzas de la inflación, con los riesgos asociados a este hecho, incluyendo una fuerte revalorización de pensiones y la posibilidad de animar una espiral precios-salarios. En ese contexto, lo responsable es intentar cortarlo, sobre todo, al tratarse de un sector económico muy regulado.

Resulta difícil hacer una valoración global de un paquete de medidas tan disperso que, además, se une a otras ya adoptadas o en tramitación parlamentaria. Pero no puedo por menos que mencionar que, contraviniendo el primer discurso oficial, se demuestra que había margen para hacer cosas en cuatro direcciones: reducción de cargas e impuestos; aminorar los beneficios extraordinarios ‘caídos del cielo’ que esta situación anómala está generando en las compañías y revertirlos en favor de los consumidores; desplazar la subida de la tarifa por el mayor coste de origen del gas (generando un déficit tarifario que deberemos pagar más adelante) y proteger mejor a los consumidores más vulnerables.

Quedando fuera dos cosas no menores: el cambio en la estructura de la tarifa PVPC, hoy vinculada al mercado mayorista hora a hora, pero que podía establecerse en función de la media del último trimestre, por ejemplo, como hacen otros países, suavizando el impacto de las fluctuaciones horarias de precio en el consumidor final y, sobre todo, el necesario «cambio en las reglas del mercado mayorista», previsto en el Pacto de Gobierno y en el Programa electoral del PSOE, que sigue pendiente y que es lo que deberá resolver el problema estructural derivado de la supervivencia de unas normas de fijación de precios diseñadas cuando los costes de las diferentes tecnologías no eran tan grandes y con una lógica ‘marginalista’ que salta por los aires cuando el impulso a la transición ecológica hace crecer las renovables con costes mucho más bajos. Recordemos que el eléctrico, no es un mercado, porque la entrada y la salida no son libres y porque la demanda es rígida: se debe satisfacer si o si, ya que no puede haber apagones por razones del precio.

He defendido durante años que garantizar desde el Estado el acceso universal a bienes básicos como la luz, el agua o la sanidad, puede ser compatible con una gestión con criterios privados de los instrumentos encargados de su provisión, porque la experiencia demuestra que suelen hacerlo de manera más eficiente. Siempre que se garantice dos cosas: una correcta regulación y supervisión pública de lo que sería una especie de ‘concesiones administrativas’ y, en segundo lugar, un adecuado equilibrio entre la lógica del beneficio, como prueba de una gestión eficaz y la conciencia de que son empresas ‘distintas’, en sectores no competitivos, que prestan un servicio esencial por encargo público, ya que no se trata de proveer cualquier mercancía, sino un derecho ciudadano.

Todo esto ha saltado por los aires en el sector eléctrico en los últimos años. Ni la regulación es la adecuada a la transición ecológica que se impulsa, ni el beneficio ha estado ligado, solo, a una gestión eficiente, ni ha existido un equilibrio entre interés privado e interés público. A pesar de todo ello, España tiene uno de los sectores eléctricos mejores y más avanzados del mundo. Algo habremos hecho bien. Corrijamos lo que haya que mejorar. Pero no lo tiremos ‘todo’ por la borda, incluido el impulso a las renovables, por un calentón pasajero del precio internacional del gas.

Compartir el artículo

stats