Canarias escudriña estos días el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y está muy lejos de encontrar en él la respuesta que esperaba para hacer frente a la grave situación económica y de emergencia social derivadas del apagón del sector turístico por la pandemia sanitaria. Las primeras cuentas del actual Gobierno de Pedro Sánchez, las más expansivas y nutridas de la historia democrática, buscan la reactivación del país a través de un gran esfuerzo de inversión pública, al tiempo que consolidan y refuerzan ese "escudo social" ya puesto en marcha durante los últimos meses. En uno y otro ámbito, Canarias y los canarios nos beneficiaremos de los numerosos programas y previsiones presupuestarias en similares condiciones en que lo harán el resto de comunidades autónomas y todos los españoles. Pero si las cuentas estatales deben responder también al principio de tratar de forma distinta a realidades diferentes, entonces no cumplen en este caso ni de lejos con el hecho de que el Archipiélago es el territorio más castigado por la crisis como lo demuestra que su PIB ha caído en estos meses de pandemia casi el doble que el del Estado.

El proyecto no sólo ignora la singularidad isleña en este contexto, sino que tampoco respeta las que ya están fijadas en las propias leyes estatales y autonómicas, incumpliendo el REF y el Estatuto justamente cuando la revisión de ambas normas a finales de 2018 tendría que tener su primer reflejo presupuestario en estas cuentas estatales. Si la incapacidad del Ejecutivo central para asumir en estos Presupuestos la necesidad de un rescate de la economía canaria por su mayor afectación de las consecuencias de la pandemia es grave, más lo es aún -hasta el punto que cualquiera podría calificarlo de intolerable- que ni siquiera en estas circunstancias haya hecho un esfuerzo por responder a todos y cada uno de los mandatos del fuero isleño.

Reconociendo por tanto que hay un esfuerzo inversor y de respuesta social para el conjunto del país en las nuevas cuentas y que, obviamente, tendrá su reflejo en Canarias, no podemos por menos que alertar sobre la necesidad de corregir a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto, si supera las enmiendas a la totalidad, el nuevo y gravísimo incumplimiento del REF. Más allá de las lecturas sesgadas o interesadas que los distintos partidos políticos realicen en estos días sobre el verdadero contenido del proyecto, con cifras siempre sometidas a interpretación en función de con qué se comparen, lo cierto es que el mismo no responde en absoluto a lo que el propio Gobierno de Canarias y el Parlamento regional esperaban y reclamaban de aportación estatal al Plan de Reactivación Economía y Social, y de lo que confiaban en incorporar a los propios presupuestos canarios.

Como suele ser habitual, la lectura técnica de los Presupuestos estatales y su incidencia en el Archipiélago tiene un lastre político, porque con independencia del contenido de los mismos y de las partidas en ellos reflejadas, siempre el partido que gobierna en Madrid los considera buenos, y los que están en la oposición, peor que malos. Y desde el propio Ejecutivo regional, incluso durante los gobiernos de CC, también han primado consideraciones políticas en función de sus pactos en Canarias y en Madrid. Pero el proyecto que Sánchez ha remitido al Congreso supera esta dinámica porque es manifiesta y claramente insuficiente y deja en evidencia el valor real de los fueros isleños. Porque ni respeta buena parte de lo que venían siendo partidas consolidadas, ni reconoce ninguno de los nuevos preceptos incorporados tras las reformas de las dos principales leyes canarias.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, las laboriosas y complejas tramitaciones de las reformas del REF y del Estatuto en las Cortes en 2018, con las que se pretendían impulsar la modernización y competitividad de la economía isleña, no han merecido la más mínima atención. Ambas leyes se irán por el sumidero si los Presupuestos no se corrigen de manera importante. Si el Estatuto es la Carta Magna de obligado cumplimiento también para el Gobierno central, el REF es la ley fundamental que reconoce y consagra la necesidad de políticas de compensación a la lejanía y la insularidad para que Canarias tenga alguna oportunidad de desarrollo en igualdad de condiciones que el resto de los territorios del Estado.

Esto no debería tener que recordarse en Madrid cada vez que una ley o un presupuesto estatal toma cuerpo, pero es especialmente grave que tenga que hacerse en este contexto de situación límite que se vive en el Archipiélago por la crisis turística. Si el Ejecutivo central no ha dado hasta ahora pruebas claras de ser consciente de ello, los Presupuestos demuestran que está más lejos de asumirlo de lo que se presumía. Es vergonzoso, una vez más, que Madrid vaya por detrás de Europa en el reconocimiento de las singularidades y necesidades de Canarias como región ultraperiférica. Sin un plan de rescate global, transversal y dinámico por parte del Estado, la comunidad autónoma puede situarse al borde del abismo, a un paso de la ruina económica y de la miseria social.

Resulta especialmente ominoso para los canarios que de las nuevas cuentas hayan desparecido los 30 millones consignados en 2018 para combatir la pobreza en las Islas justo cuando la emergencia social se hace especialmente intensa, y las necesidad de programas de inclusión resulta acuciante, por más que también a Canarias lleguen fondos procedentes de partidas globales. Y también empieza a ser insultante la cerrazón del Gobierno de Sánchez en negarse a habilitar ya alguna fórmula concreta y efectiva para pagar la deuda de más de mil millones en carreteras confirmada por varias sentencias del Tribunal Supremo. No está precisamente Canarias en situación de tener retenidos en ignotos cajones ministeriales, o perdidos en vericuetos legales o administrativos, dineros que le corresponden y que la desidia de los gobernantes en Madrid impide disponer de ellos cuando más falta le hacen.

Los Presupuestos son el mecanismo con el que se puede combatir esta situación, y de ellos se esperaba algo más que un capote. El proyecto es siempre un punto de partida, como dice el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero en este caso está tan lejos del objetivo perseguido que hace dudar de las posibilidades de alcanzarlo. Y sin embargo, no hay otra opción que insistir en ello, exigiéndolo y advirtiendo a todos de las consecuencias si no hay respuesta. Canarias debe dar la batalla, y su Gobierno ponerse al frente, pues no hay margen para las medias tintas ni tiempo para estrategias políticas de corto alcance, Es el momento de dar un golpe sobre la mesa, defender el fuero isleño y hacerse respetar, y no ya sólo por una cuestión de amor propio y dignidad, sino porque está en juego el porvenir de toda una sociedad.