Para saber la profundidad del charco solo hay que mirar los mismos datos de los que presumía hace poco un ministro del Gobierno central. En Canarias, solo durante el pasado mes de julio, 422 mil trabajadores recibieron alguna línea de las ayudas establecidas por las administraciones públicas, tales como subsidios de paro, ERTE o bonificaciones concedidas a más de setenta mil autónomos. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
Tenemos dos millones doscientos mil habitantes. De ellos hay un millón cien mil activos. ¿A nadie le parece una señal de alarma que en Canarias tengamos ya cuatrocientas y pico mil personas en graves apuros, sin contar con los que acuden a comedores sociales porque ya se encuentran en el territorio de la pobreza extrema?
A principios de este año se subieron las nóminas de los funcionarios, altos cargos y parlamentarios de las islas. Y además se han contratado a más de 7.000 nuevos trabajadores públicos. O sea, mientras las familias, empresas y autónomos se apretaban el cinturón, eliminaban gastos, reducían salarios o despedían al personal las administraciones se han desmelenado.
El discurso de manual es que se necesitan más medios humanos y materiales, porque en los años pasados se han recortado efectivos de las administraciones. Pero es falso. Los índices de crecimiento del empleo en Canarias determinan que si hemos crecido ha sido, precisamente, porque somos una de las comunidades autónomas que lidera la creación de empleo público. Otra cosa es la calidad de ese empleo, perdido en interinidades y eventualidades.
En estas islas tenemos hoy más de ochocientas cuarenta mil personas -trescientos mil pensionistas, ciento veinte mil empleados públicos, casi trescientos mil subsidios de paro y ERTE...- que solo reciben ingresos del erario público. Es una cosa para hacérselo mirar. No sirve de consuelo que estemos en un país donde la friolera de veinte millones de personas reciben una prestación del Estado, porque a lo nuestro, además, hay que sumarle que estamos a la cola de los salarios, a la cabeza del paro, de la exclusión social y de la pobreza. El diagnóstico es que el enfermo no aguanta ni un soplido.
Que un ministro presuma de los fondos destinados a acción social en Canarias es para cabrearse. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Que nos tratan exactamente igual a las otras dieciséis comunidades autónomas y que a más de veinte millones de conciudadanos? Al contrario. El volumen de las ayudas que recibe la sociedad de estas islas es la mejor demostración de su fragilidad. Quienes hoy decimos que Canarias está muerta de pie, porque sin turismo no hay vida posible, lo hacemos precisamente apoyados en la cruda realidad de las cifras. Treinta años de prosperidad y criollismo nos han convertido en una sociedad mendicante. Pero no hay mal que por bien no venga. Lo que no logramos con la riqueza tal vez estalle con el hambre. Porque no estoy seguro de muchas cosas, pero de que aquí se va a liar la de dios es una de ellas.
El recorte
A por el rey a saco. La señora presidenta del Congreso de España ordenó hace poco retirar del diario de sesiones unas palabras de Cayetana Álvarez de Toledo. Cuando era portavoz del PP se enfrentó en numerosas ocasiones a Pablo Iglesias. En una de ellas, el líder de Podemos le restregó por la cara que ella pertenecía a la aristocracia, porque su padre era marqués. La señora Álvarez de Toledo, que no se arruga, le contestó diciendo que el señor Iglesias también pertenecía a la aristocracia, pero del crimen, porque su padre había sido terrorista del FRAP. Se lió la de Dios es Cristo y Meritxel Batet terminó decidiendo, unilateralmente, que las palabras no figurasen en el acta del pleno. Y mira por donde, ayer, un diputado independentista de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, decidió arremeter contra el jefe del Estado, Felipe VI, al que acusó de ser un diputado más de Vox y de pertenecer a la línea dinástica de la dictadura franquista, vinculándolo con la figura de ese fallecido general que últimamente están sacando de paseo a todas horas. Cuando Franco murió, en noviembre de 1975, el actual rey tenía siete años. A Batet le pidieron que retirara esas palabras del diario de sesiones, pero la presidenta indicó que ella respetaba la libertad de expresión de los diputados. ¿Es decir, de los diputados que no sean Cayetana Álvarez de Toledo?
