Siendo presidente Carlos Alonso, el Cabildo inició un concurso para adjudicar por 25 años el tratamiento de residuos sólidos en la Isla por casi 720 millones. Una pasta. Ya con el PSOE, se abrieron los pliegos presentados por tres UTE, una con la actual adjudicataria, Urbaser, y las otras lideradas por Ferrovial y Valoriza. Valoriza, responsable del servicio en Santa Cruz y en Guía de Isora, y que en los mentideros se consideraba favorita para la concesión, se equivocó al presentar más folios de los establecidos por el pliego, lo que suele ser causa de exclusión al no ser asunto subsanable. Sin embargo, de acuerdo con las filtraciones -que habrán de cotejarse cuando sean públicas las actas de la mesa- se decidió no excluir la oferta, optándose por no valorar el contenido de los folios de más. En la primera medición técnica, Valoriza sacó 15 puntos, frente a 24,7 Ferrovial y 38,8 Urbaser-Fomento. Un problema para Valoriza, porque para pasar el corte había que tener 17 puntos. Se resolvió con una segunda revisión que aumentó la parte técnica de Valoriza hasta 17,6 puntos. Pero lo más chapucero del proceso fue la participación en el trámite del consejero Javier Rodríguez Medina, propietario de un paquete de acciones de Sacyr-Valoriza -3.609 títulos, con ocho mil euros de valor- que él mismo certifica en su declaración de bienes en el Cabildo. Rodríguez Medina participó en el procedimiento de licitación, lo que supone un flagrante conflicto de intereses. El consejero estuvo en la reunión del órgano de contratación -el Consejo Insular de Gobierno- el 14 de abril de este año, en la que se aprobó la continuidad del concurso. Seis meses después, el 8 de septiembre, declaró en una entrevista a Diario de Avisos que no había participado en ningún momento en ese concurso, ni en la mesa de contratación ni en la tramitación. Una trola tan torpe como fácil de desmontar: fue nombrado presidente de la Mesa el 4 de diciembre de 2019 y participó en varias reuniones, pasándose la Ley de Contratos del Estado por el arco del triunfo.
Ahora todo se ha liado: primero, porque Rodríguez nunca debió estar en el concurso; después, porque a Valoriza parece que le han echado algunas manitas y, sobre todo, porque los técnicos han rechazado en un informe admitir la baja temeraria presentada por Valoriza, que es de ¡¡¡un 37% menos!!! Es la misma técnica con la que Valoriza ganó en Santa Cruz la limpieza y recogida de basuras, con una baja temeraria de casi dos millones menos de lo previsto al año en el pliego. Ahora, el Ayuntamiento le aprieta las tuercas porque no está cumpliendo y la ciudad está bastante emporcada.
En resumen, el Cabildo debería fallar ya la licitación, pero todo se ha paralizado: Radio Macuto apunta que, ante la imposibilidad de que se lo lleve la empresa prevista, se considera anular el concurso, dado que el consejero fue arte y parte. Pero si se anula, el actual adjudicatario seguirá prestando el servicio durante el tiempo que se tarde en convocar y fallar otro, quizá un año y medio o dos, y, además, las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Cabildo serían brutales. Al menos dos de las tres empresas exigirán daños y perjuicios y una reparación multimillonaria. Así que es difícil que el Cabildo pueda hacer nada por salvar la oferta prevista. Lo más probable es que acaben por adjudicar a Urbaser. Aunque aún hay alguna resistencia.
