Hace seis meses si uno leía que avanzábamos hacia una crisis constitucional casi esbozaba una sonrisa. Los máximos responsables de la asonada independentista en Cataluña habían sido juzgados con plenas garantías procesales y cumplían su condena en la cárcel. Felipe VI había recuperado una parte sustancial del crédito para la Corona aunque fuera evidente la necesidad de más cambios normativos y reformas internas en la institución. Los ministr@s de UP actuaban más o menos como sus homólogos europeos, aunque el Gobierno de coalición, obviamente, estaba estructurado para satisfacer las ambiciones y cuotas de unos y otros. Escudriñabas el horizonte y no detectabas ninguna amenaza seria para el orden constitucional. Qué despiste: la crisis constitucional se preparaba en seno del propio Gobierno.
Ayer fue un ministro, Alberto Garzón, el que acusó al Jefe del Estado de estar maniobrando contra el Ejecutivo con los aplausos de ultraderecha. Su pretexto para esta enormidad es que el Jefe del Estado, en conversación telefónica con Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, le comentó que le hubiera gustado estar presente en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, como acostumbraba desde su acceso a la Jefatura del Estado. No es una comunicación oficial ni pública. Por cierto: el Gobierno no ha brindado una sola explicación sobre la ausencia del monarca en el acto. Ninguna. Varios sectores del independentismo catalán y Podemos han salivado en cambio profusamente. Mayor discreción han mostrado con el inicio de la tramitación de la solicitud de indultos para los cabecillas del golpe independentistas encarcelados. Ambas circunstancias coinciden mágicamente con las negociaciones que Pedro Sánchez se esfuerza en mantener con ERC y Junts pel Sí para su respaldo al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2021. Ese mismo Estado, en efecto, que fuerzas como ERC y Bildu quieren destruir. De acuerdo: puede comprenderse el voto favorable a la moción de censura contra el PP que llevó a Sánchez al poder de fuerzas independentistas. Pero elegirlos como socios para toda la legislatura, negociar las cuentas con partidos que quieren conculcar la Constitución y despiezar el Estado es un pecado civil de lesa democracia. Y no se diga que no existen alternativas: el PSOE puede contar con Ciudadanos, el PNV y fuerzas nacionalistas y regionalistas para salvar sus cuentas.
Lo que para Sánchez quizá sea mantener todos los frentes presupuestarios y legislativos abiertos a un peligroso precio, convirtiendo la "geometría variable" en una conga grotesca, ruin y oportunista, para Podemos es una ventana de oportunidad, desde una modesta presencia parlamentaria, para destruir la monarquía y avanzar hacia una república con mayores resortes de control político e ideológico, al borde mismo del iliberalismo. La superación (parcial) de la crisis económica engendrada en 2008 pareció debilitar la implantación electoral y las perspectivas de poder de Podemos, pero la pandemia y su aterrador impacto socioeconómico le brinda una nueva oportunidad. La crisis es un tigre que hay que amaestrar, un periodo excepcional que brinda oportunidades para conquistar posiciones antaño impensables, un instrumento leninista que Pablo Iglesias siempre ha reivindicado. Sí, se está abriendo una crisis constitucional, pero la están amasando los que circulan en coche oficial.
