Es una ley por la que se reconocen y amplían derechos, y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife exige al Ayuntamiento de Santa Cruz la retirada del conocido como "Monumento a Franco", del celebre y reconocido escultor socialista , autor del Valle de los Caídos, Juan de Ávalos, aunque en realidad el monumento se llama "de la Victoria" , está situado en la confluencia de la avenida de Anaga y la actual Rambla de Santa Cruz, antes conocida como del General Franco. Una vez que se conoce que el estudio encargado por el Consistorio capitalino a un equipo de la Universidad de La Laguna (y según este equipo o grupo de trabajo) ha concluido que dicha escultura incumple la Ley de Memoria Histórica.

En primer lugar, este monumento no se llama así, porque Franco lo rechazó en su momento, al ofrecérselo el entonces gobernador civil de Tenerife, Pablo Abril, que curiosamente dio nombre y ahí sigue, sin ningún problema, a la plaza entre la Comandancia de Marina y la Comandancia de Obras del Ejército de Tierra, todo ello a pesar de haberle dicho a Franco que había sido construida por suscripción popular.

La presidenta de la citada asociación, Mercedes Pérez Schwartz, critica que el actual grupo de gobierno de la capital no tenga aún claro la decisión municipal al respecto, pues ha señalado que hay varias opciones que deben estudiarse. Como la retirada o la resignificación, ubicándolo, por ejemplo, en algún centro militar. El cumplimiento de la Ley no solo afecta al ayuntamiento por el citado monumento, sino por un importante numero de calles y placas honoríficas.

La investigación universitaria sobre la existencia en la capital de simbología franquista y sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica ha sido dirigida por Isabel Navarro, profesora de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna, tras un año de trabajo. Se trata de un documento muy extenso, de 26 tomos, por lo que se ha solicitado un informe técnico municipal para tomar ya las decisiones oportunas.

Lo que para algunos sería un claro ejemplo de justicia, para otros solo forma parte del juego político. La concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Matilde Zambudio, ha señalado que el grupo de gobierno persigue alcanzar un consenso entre todos los grupos políticos del ayuntamiento sobre las decisiones a tomar, lo cual parece razonable, dada su trascendencia significativa. De lo que ya no estoy de acuerdo es de que se elija la opción en función de lo que simbolicen, y de que se discuta el valor artístico e histórico de las piezas y lo que representan, y en función de ello se decida la decisión a tomar.

La realidad es que últimamente en la prensa diaria es raro el día que no sale alguien hablando del famoso monumento, y en las primeras paginas. Sin embargo, nada se comenta ni se exige sobre la guerra civil y la República, con la de hechos tremendos que se cometieron. Pero para mi lo fundamental es lo que dice la propia Ley: "que los símbolos públicos deban ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio". No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva, pero si es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, lo cual se esta haciendo, y consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, y yo diría que ejecutivo, el derecho a la memoria personal y familiar, fomentando los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, evitando que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas. Termino con el articulo 15 de la Ley, "Símbolos y Documentos Públicos", que expresa que, entre las medidas de la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artísticas-religiosas protegidas por la ley (y este es el caso). Según el apartado 3 de este articulo: el Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las entidades locales en la elaboración de un catalogo de vestigios relativos a la "Guerra Civil" y la Dictadura a los efectos previstos anteriormente. Creo que este catalogo no se ha realizado y esta dando lugar a muchas injusticias, en todos los sentidos.

*General de Ingenieros retirado