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Futuros escenarios

¿Cómo afectará a Carles Puigdemont y el resto de huidos la reforma de la sedición?

Los que eran miembros del Govern también están acusados de malversación, lo que complica su horizonte judicial | La más beneficiada será Marta Rovira, al tener que responder ante la justicia solo por este delito

Carles Puigdemont.

Todavía no se había dictado la sentencia del procés y desde el Gobierno y desde el independentismo ya se hablaba sin tapujos de la necesidad de reformar el delito de sedición por el que acabaron siendo condenados los líderes independentistas. Esa modificación concreta del Código Penal, para que la sedición pase a ser un delito de desórdenes público agravado y se homologue al castigo previsto en los países de nuestro entorno, según ha anunciado este mismo jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta.

Pero, ¿qué efectos tendrá esta reforma? Fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, niegan que pueda salvar de la cárcel a los huidos al extranjero, extremo confirmado por el propio Sánchez respecto al expresidente catalán Carles Puigdemont. Salvo en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cuya situación es distinta a la del resto porque eligió instalarse en Suiza, que no pertenece a la Unión Europea, y porque solo está procesada por rebelión, lo que en la práctica significa que solo se enfrenta a sedición, que fue el delito que el Supremo estableció que se había cometido en Catalunya en el otoño de 2017.

Sobre los condenados, una vez que fueron indultados y abandonaron los centros penitenciarios donde cumplían condena, únicamente una rebaja de la pena de inhabilitación aparejada podría beneficiarles, en su caso, al poder permitirles adelantar su vuelta a la primera línea política.

Los huidos, por su parte, siguen pendientes de juicio, circunstancia que no ha frenado a Rovira a la hora de declararse en un documental una de las tres personas al tanto del 1-O. De todas formas, si alguna vez la exsecretaria general de ERC se encuentra a disposición de la justicia española y es juzgada, se le aplicará la pena más beneficiosa para el reo, así que cualquiera rebaja en la penalización de la sedición le será beneficiosa.

De los huidos solo se han entregado, mediante su personación voluntaria en el Tribunal Supremo, las dos que estaban únicamente procesadas por desobediencia, lo que alejaba del horizonte cualquier riesgo de ingresar en prisión.

Previsible absolución

Meritxell Serret también lo estaba por malversación, pero como su departamento no cubrió ningún gasto del 'procés', no sería condenada por ese delito, porque tampoco lo fueron los tres 'exconsellers' que tuvieron un comportamiento similar al suyo: Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Entre las ventajas con las que cuentan, al ser juzgadas digamos en 'segunda vuelta', figura tener casi la certeza de la condena que se les impondrá, en función de lo que ocurrió con los compañeros que asumieron su responsabilidad penal y cuya actuación fue equiparable a la suya.

Anna Gabriel estuvo siempre solo procesada por desobediencia por una conducta fácilmente identificable con la de su entonces compañera de la CUP Mireia Boya, que fue absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Una presentó la ley de transitoriedad y la otra, la del referéndum en septiembre de 2017, pese al mandato del Constitucional de que la Cámara catalana frenara las resoluciones que contribuyeran a la deriva secesionista.

Las fuentes consultadas consideran difícil que el destino judicial de Gabriel sea distinto del que tuvo Boya, porque los tribunales mantienen el mismo criterio ante conductas semejantes. De ahí que lo que les extraña es que tardara tanto en regularizar su situación para volver a casa sin riesgo alguno de ser arrestada.

Salvo Lluís Puig, procesado por desobediencia y malversación, los demás huidos, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Clara Ponsatí y Toni Comín, lo están por sedición y malversación. De ahí que aunque el delito de sedición se despenalizara, lo que no ocurrirá, según señaló este jueves Sánchez, siempre les quedaría la malversación, por la que ya fueron condenados el presidente de ERC, Oriol Junquerasy los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La pena mínima por este delito son seis años de cárcel, así que, salvo a Rovira, única que se enfrenta solo a este delito, la rebaja penal no les impediría pasar una temporada entre rejas y más después de haber huido de la justicia. Solo la concesión de nuevas medidas de gracia les evitaría el cumplimiento de la condena.

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