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Cataluña

El Supremo acabará con los flecos del procés a la vuelta del verano

Este curso judicial declarará Anna Gabriel, se resolverán los recursos contra los indultos y se decidirá si actuar de nuevo contra Puigdemont

Carles Puigdemont y Marta Rovira, en el hemiciclo del Parlament. Julio Carbo

A la vuelta del verano, el Tribunal Supremo irá poniendo poco a poco fin a los flecos que aún le quedan pendientes del procés. Comenzará en septiembre, con la declaración de la segunda de los huidos que ha comparecido voluntariamente ante el alto tribunal, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, y hacia finales de año decidirá los próximos pasos a adoptar respecto del resto, con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la cabeza, una vez que se conozca el criterio que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece en relación a las euroórdenes.

Las dos primeras citas del tribunal que juzgó a los líderes independentistas, a los que condenó por sedición y malversación, serán el 14 y el 28 de septiembre. El primer día está citada la exdiputada de la CUP para prestar declaración, conforme acordó el instructor del procés, Pablo Llarena, el día que se personó voluntariamente en el Supremo siguiendo los pasos que antes que ella había dado otra huida, Meritxell Serret, cuyo procedimiento fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Con Gabriel hay pocas dudas de que correrá la misma suerte que predecesora, porque a ella solo se le ha atribuido siempre un delito de desobediencia, delito penado con multa e inhabilitación, pero no con prisión, y el Supremo ya remitió al TSJC todas las causas relativas a personas que se enfrentaban solo a esta acusación, como era el caso de la también exdiputada de la Cup Mireia Boya y de los miembros de la Mesa del Parlament bajo la presidencia de Carme Forcadell.

La causa contra Serret se mandó al TSJC cuando se le redujo la acusación en su contra a desobediencia, porque los exconselleres con la misma responsabilidad que ella, juzgados en el Supremo, fueron finalmente absueltos del delito de malversación de caudales del que también se les acusaba.

Segundo juicio

El 28 de septiembre será la segunda oportunidad que se da el alto tribunal para juzgar a Eulàlia Reguant, después de un primer intento fallido en el que tuvo que dar la razón a su defensa y admitir una de las cuestiones previas que planteaba: la relativa a que no se había abierto juicio oral contra ella por el delito de desobediencia al que se enfrenta por el alto tribunal, pese a que es aforada y la jueza de instrucción que lo había hecho había sido debidamente informada.

Subsanado el error, el Supremo fijó una nueva fecha para determinar si su negativa a contestar a Vox en el juicio del procés debe ser castigada penalmente o puede estar amparada en su libertad de conciencia. Incluso determinará si fue suficientemente castigada con la multa que le impuso el propio tribunal nada más negarse a contestar a la acusación popular.

Indultos y euroórdenes

Cuando la Sala de lo Contencioso del Supremo retome la actividad normal tras el descanso estival tiene que dar una respuesta definitiva a los indultos del procés, después de que se rectificara a sí misma y considerara prematuro haber negado legitimación a los recurrentes para impugnar la medida de gracia, porque se trata de un pronunciamiento que salvo casos muy claros solo puede hacerse en sentencia.

Y para final de año, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dé a conocer su sentencia con la que responderá las dudas del juez Pablo Llarena, este decidirá sus próximos pasos sobre Puigdemont y el resto de huidos.

De momento, el Abogado General a la UE que asistió a la vista del pasado 5 de abril en Luxemburgo dio la razón a España y rechazó que un país pueda negar la entrega de un reclamado a otro, salvo en casos de violación sistémica de derechos.

Llarena se dirigió al TJUE cuando la justicia belga rechazó entregar al exconseller de Cultura Lluís Puig con el argumento de que el Supremo no era competente para investigarle y, por tanto, para reclamarle, por lo que sus derechos corrían riesgo de ser vulnerados. Con ese argumento era ridículo volver a reclamar al resto de huidos, especialmente los que también son eurodiputados, como Puigdemont, sin saber si ese criterio contaba con el respaldo del TJUE.

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