El juez rechaza el último intento de Oleguer Pujol de archivar su causa, en la que el fiscal ve indicios "indiscutidos" de delito

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado el último intento de Oleguer Pujol de archivar el procedimiento en el que está imputado por las operaciones inmobiliarias realizadas a través de Drago Capital. El magistrado rehúsa pronunciarse hasta que dé por concluida la instrucción de la causa, en la que Anticorrupción considera que existen indicios "sólidos e indiscutidos" de delito contra la Hacienda Pública y "elementos incriminatorios" suficientes de blanqueo de capitales.

Oleguer, que está pendiente de juicio por el llamado caso Pujol, en el que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, había solicitado el sobreseimiento del procedimiento, que comenzó en el Juzgado Central de Instrucción número 1 y luego pasó al 5, para unirlo al que afecta a toda la familia, pero no se llegó a hacer.

Para rechazar la pretensión de Oleguer Pujol y otros de los imputados, el juez ha hecho suyo un informe de Anticorrupción en el que se explica que entre 1992 y 2000 se ingresaron 116 millones de pesetas (697.174) en su cuenta en Andbanc. Entre 1992 y 1999 en ella se recibieron al menos 10 transferencias de cuentas de su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, al que sus padres, el expresidente de la Generalitat y su esposa, Marta Ferrusola, encargaron gestionar el patrimonio familiar, según afirma el juez en el caso Pujol.

Desde allí, afirma Anticorrupción, salieron distintas aportaciones al fondo Drago Real Estate Partners e inversiones en Panamá. La cuenta se cerró en 2010 con una disposición en efectivo de 100.000 euros, otra de 73.000 libras y una transferencia a una cuenta de Andorra de 800.000 dólares.

Proyecto Brick

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa recuerdan varios informes policiales de 2015 en los que se describió el recorrido que hicieron las comisiones derivadas del llamado Proyecto Brick, por el que se procedió a la compraventa de decenas de sucursales del Banco Santander, a través de varios contratos cruzados y acuerdos verbales entre distintas sociedades (Sun Capital Partners, ARD Choille e Aegle International).

Según Anticorrupción, parte del dinero acabó en las Islas Vírgenes y en Guernesey y los pagos por la compraventa de inmuebles se camuflaron a través de contratos firmados con ARD Choille y Marway, controlada la empresa de servicios de planificación fiscal con sede en La Haya ITPS Group. En una agenda intervenida a Oleguer Pujol en su domicilio aparecen instrucciones relacionados con esta entidad, así como los honorarios del también imputado Jacob Broers por sus servicios.