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Recurso en la Audiencia Nacional

La Generalitat defiende a Junts en el caso 3% y lo desvincula de CDC

En el recurso contra el rechazo a ejercer la acusación particular, el abogado del Ejecutivo catalán alega que el partido fundado por Puigdemont no es "heredero" de Convergència y que tampoco tiene nada que ver con el PDECat

Los abogados de la Generalitat defienden a Junts en el recurso presentado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de no dejarles ejercer la acusación particular en el caso Triacom en el que se investiga la supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica (CDC) a través de la productora audiovisual del mismo nombre. Este proceso es una derivada del caso 3% de pago de comisiones a cambio de servicios y obras públicas. En el escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, el Ejecutivo catalán sostiene que el partido fundado por Carles Puigdemont se presentó en solitario en las últimas elecciones en Catalunya y que como tal forma parte del gobierno de coalición, pero alega que es "erróneo" que sea el "heredero" de CDC.

El representante de la Generalitat desvincula también a Junts del PDECat, que en el caso 3% tiene la condición de investigado, pues son dos partitos distintos que concurrieron por separado a las elecciones, a la vez que deja claro que "ninguno de los miembros" del actual Ejecutivo catalán tiene vinculación "alguna" con el mismo. Para demostrar la falta de vinculación entre las dos formaciones políticas, trae a colación el acuerdo de la junta electoral que denegó a Junts en el 2021 los derechos derivados del ordenamiento electoral y resolvió que eran del PDECat. Rechaza, por la tanto, la "inexistente coalición" entre ambos partidos, en alusión a un argumento del fiscal sobre que en Junts per Catalunya está presente el PDECat.

La institución y los partidos

El recurso destaca, además, que se incurre "en un evidente error" el "confundir" la institución de la Generalitat con los partidos políticos. "No existe tal identidad jurídica, la Administración de la Generalitat es totalmente independiente y ajena a cualquier partido político", precisa. Insiste que "no se puede establecer este vínculo entre partidos políticos y gobierno" y, en este caso, el Ejecutivo catalán está integrado por una coalición de partidos en los que, "al menos uno de ellos" (ERC), puede "ser objeto de ningún tupo de relación, ni siquiera pasada, con los hechos investigados".

El letrado de la Administración catalana defiende que la Generalitat está legitimada para ejercer la acusación, pues la productora Triacom es una de las principales proveedoras de TV-3, que pertenece a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, una entidad pública que se financia, principalmente, de los presupuestos catalanes. Incide que a pesar de no tener una información detallada de la causa, de las noticia aparecidas en los medios de comunicación se desprende que Triacom vendía sus programas a la televisión catalana "muy por encima" de los costes de producción (el sobreprecio superaba el 50%). Las cantidades que se pagaban de más servía supuestamente a la productora para "abonar luego facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con CDC". Estos hechos, recalca el abogado, supondría una "afectación del erario público" y un perjuicio a los intereses de la administración catalana. Oriol Carbó, gerente de la productora Triacom y defendido por Manuel González Peeters, vuelve a rechazar que se admita a la Generalitat en el proceso como acusación y apunta a intereses espurios que no tienen "nada que ver con la averiguación de la verdad material".

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