23 de julio de 2020
23.07.2020
'Procés'

El fiscal acusa a la Mesa del Parlament de desobediencia "al extremo" para romper la ley

Ariche insiste en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria

24.07.2020 | 11:34
Los miembros de la Mesa del Parlament en el juicio.

El fiscal ha negado que exista una "causa general" contra el independentismo y ha asegurado que los compañeros soberanistas de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya llevaron la desobediencia "al extremo" en su vía unilateral en 2017 para romper con la legalidad.

Así lo ha esgrimido el fiscal Pedro Ariche en su informe en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los miembros de JxSí en la Mesa en la pasada legislatura -Lluis Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluis Guinó- y a Boya, para quienes pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

En su informe, el fiscal ha insistido en que los acusados no estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria -ya que no es "ilimitada"-, y ha remarcado que tenían la obligación de cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional para impedir la tramitación de las leyes del procés.

Según Ariche, el programa electoral de JxSí para las elecciones del 27 de septiembre de 2015 contenía "aspiraciones legítimas" de los independentistas, aunque introducía una frase "inquietante", al considerar que el Gobierno -entonces con Mariano Rajoy al frente- cerraba "cualquier vía al diálogo" al condicionarlo al respeto al marco legal.

Según el fiscal, fueron los acusados los que "renunciaron al diálogo en favor de la unilateralidad, en favor de la ruptura de la legalidad, estatal y de Cataluña".

"Anunciaron su desobediencia y ejecutaron la desobediencia, y la llevaron hasta el extremo final", ha denunciado Ariche, que ha precisado que en la vista del TSJC "no se juzga al independentismo" ni al poder legislativo, sino al "concierto de voluntades" de los acusados para desoír al TC sobre las leyes del procés.

El fiscal ha defendido que no existe una "causa general" contra el independentismo, porque cada día miles de políticos ejercen su actividad "sin cortapisa ni limitación", más allá del cumplimiento de la ley.

Tampoco se depuran en esta causa responsabilidades políticas, ha insistido Ariche, ya que el juicio está amparado por la separación de poderes y avalado por el hecho de que la Constitución establece la obligación de cumplir las resoluciones de los tribunales.

"Ninguno de los poderes del Estado está por encima del resto", ha agregado el fiscal, que ha advertido de que los mensajes de desobediencia a las órdenes de los tribunales con los que de manera "recurrente y desafortunada" se "jactan" algunos políticos contienen un "preocupante contenido de autocracia y totalitarismo".

Según el fiscal, las resoluciones judiciales no son un dogma de fe, ya que se pueden criticar, censurar y recurrir hasta la última instancia, pero no obstante los cargos públicos, como los acusados en este juicio, deben "inexcusablemente" cumplirlas.

Ariche ha dicho que, en esta causa, la Fiscalía actúa en defensa tanto de los ciudadanos que no estuvieron conformes con lo que hicieron los acusados como los que, compartiendo su propósito, "no obtuvieron una respuesta adecuada de sus gobernantes". Y es que, según el fiscal, la ideología de los acusados es "legítima", si bien se debe materializar dentro de la legalidad.

Según la Fiscalía, los acusados estaban obligados a cumplir la legalidad constitucional y estatutaria, ya que el Parlament no es un "ente extraño al ordenamiento constitucional".

Versión "sesgada" y "equivocada"

El hecho de que los acusados, al asumir el cargo de diputados, tuvieran que acatar la Constitución, no significa una "sumisión ideológica" a la Carta Magna, ha subrayado el fiscal, ya que existen mecanismos que permiten su reforma dentro de la legalidad. Pero los acusados no optaron por esta vía legal, según el ministerio público.

El fiscal ve "sesgada" y "equivocada" la versión de los acusados de la Mesa de que no podían entrar en el contenido de las iniciativas y sólo podían analizar los requisitos formales, porque entiende, como testificaron los letrados de la cámara, que cuando una iniciativa es "palmariamente inconstitucional", la deben vetar.

Según Ariche, durante el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, en que el pleno aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, los acusados "desbordaron los límites objetivos y subjetivos de la desobediencia" y laminaron los derechos de la oposición.

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