Para contentar a Holanda, que pedía poder vetar los planes de sus socios, el acuerdo refuerza el control de la concesión de ayudas directas. Los países se los remitirán a la Comisión y los tendrá que aprobar también una mayoría cualificada. A la hora de autorizar el desembolso de cada tramo de ayuda, si hay países con dudas, se podrá elevar la cuestión a una cumbre de líderes y el pago quedaría paralizado.
Se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de derecho, pese al no" tajante de Polonia y Hungría (con procedimientos abiertos por ese motivo). La Comisión propondrá medidas caso de infracción del Estado de derecho para que las adopte el Consejo por mayoría cualificada. También es nuevo el objetivo de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo apoye objetivos climáticos.
