La titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona estudiará la querella que la Fiscalía de Barcelona presentó la semana pasada contra los miembros de la Sindicatura Electoral para decidir si la admite o no a trámite, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La querella, que la Fiscalía de Barcelona interpuso el pasado jueves, ha recaído por reparto en la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, María Concepción Cantón, que ahora deberá resolver si aprecia suficientes indicios de delito para investigar la denuncia.
La querella acusa a los miembros de la Sindicatura de un delito de desobediencia, usurpación de funciones y malversación, por aprobar acuerdos para la celebración del referéndum de independencia cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
La Fiscalía pide al juez que requiera a los responsables del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y al Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) que se abstengan de publicar acuerdos y resoluciones que pueda dictar la Sindicatura Electoral de Cataluña, con la advertencia de que podría incurrir, "cuanto menos, en un delito de desobediencia".
Según mantiene el ministerio público en su querella, el pasado 8 de septiembre, tras haber recibido las notificaciones del Constitucional que suspendía el referéndum de independencia, los cinco miembros de la Sindicatura aprobaron un acuerdo -posteriormente publicado en la web del referéndum- por el que nombraron a los vocales titulares de las sindicaturas electorales de las demarcaciones de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
En su querella, el ministerio público pide que, además de tomar declaración como investigados a los miembros de la Sindicatura, se interrogue como testigos al Letrado Mayor del Parlament, Antoni Bayona, y al secretario general de la cámara, Xavier Muro.