Vecinos de las zonas afectadas por el volcán y en estado de exclusión con viviendas y negocios habitables en Puerto de Naos y La Bombilla, han constituido la Plataforma Jaraco con la finalidad de luchar unidos para volver a sus propiedades en estos dos núcleos costeros ante lo que consideran un «desamparo absoluto» por parte del Cabildo de La Palma, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.
Esta Plataforma, cuya presidenta es Conchi Jaén, denuncia desamparo de las administraciones, falta de información, carencia de humanidad y mentiras sucesivas sobre la realidad de los gases de CO2 que se encuentran en estas zonas. En relación con la presencia de gases nocivos para la salud en ambos núcleos, Jaén reclama que «si esto fuera cierto, los gases letales habrían matado a todo el personal y resto de personas de a pie, que circulan como si fueran propietarios por nuestras calles y viviendas».
Asimismo, denuncia de que a los vecinos no se les permite entrar con un perito para valorar el daño de sus propiedades y que se les amenaza bajo arresto policial si lo hacen, mientras que sí puede acceder personal de limpieza «sin camisetas ni mascarillas». Por otro lado, indica que ninguna de estas personas es sometida a estudios médicos «ante tanta letalidad del dióxido de carbono difundida por los que gestionan, y algunos medios de comunicación».
Los propietarios ya han comprobado una vez más, según indica esta plataforma, que «se otorga un código QR para acceder cuando el Cabildo quiere», que el tiempo mínimo no es suficiente para labores de limpieza, y que «sin contar con el vecino, que una vez más, es manipulado por los técnicos encargados y no otorgando el agua que se ha pedido formalmente por escrito, vulnerando un derecho constitucional», denuncian.
Por ello, la Plataforma Jaraco de Puerto de Naos y La Bombilla afirma que emprenderá las acciones legales que sean necesarias para volver a sus propiedades y demostrar la ineficacia con la que han procedido las administraciones responsables en la gestión del postvolcán.
En este sentido, según informa, ya hay en curso demandas patrimoniales por daños y perjuicios por parte de los vecinos, así como un recurso Contencioso Administrativo contra un decreto «absurdo que el Cabildo de La Palma tuvo que emitir tres veces demostrando su presidente, Mariano Hernández Zapata, la misma ineptitud con la que ha gestionado esta emergencia en Puerto Naos y La Bombilla».
