El Gobierno de Canarias ha negado el acceso a las deliberaciones de las reuniones del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), anteriores a que se produjera la erupción el pasado 19 de septiembre, a las plataformas de afectados por el volcán.
La resolución de denegación se justifica al considerar que los contenidos de estas reuniones no son «información pública», tal y como lo entiende la Ley de Transparencia.
En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Erupción anuncia que recurrirá esta decisión de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la comunidad autónoma ante el Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias.
El objetivo de esta reclamación se basa en conocer si realmente los representantes políticos desoyeron las advertencias de los científicos sobre la posible inminencia de la erupción volcánica, como quedó puesto en duda recientemente, lo que podría provocar responsabilidad en la toma de decisiones y en el hecho de que no se efectuaran evacuaciones antes de que el 19 de septiembre se produjera la erupción.
En la resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, el Gobierno defiende que se trata de «información auxiliar o de apoyo contenida en opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas», unos documentos que entienden que no están supeditados a las exigencias de accesibilidad de la Ley de Transparencia.
La petición de acceso a las actas de los comités del Pevolca se produjo después de que la directora en las islas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), María José Blanco, precisase unas declaraciones realizadas en la Comisión del Parlamento de Canarias que estudia los efectos de la crisis volcánica, y en las que especificó que el IGN había manifestado la posibilidad de que hubiese «riesgo inminente» de erupción.
A pesar de esa advertencia, el Pevolca decidió no incluirlo en su informe tras la deliberación del resto de partes y, por tanto, no recomendar el cambio de semáforo antes del 19 de septiembre de 2021.
La reclamación se basa en conocer si los políticos desoyeron las advertencias de los científicos
Ahora, tras la petición de acceso a esas actas, el Gobierno de Canarias defiende que el criterio personalizado o las opiniones individuales de cada uno de los miembros de un órgano colegiado «no resultan trascendentes», dado que lo «auténticamente relevante» es la decisión colegiada del órgano.
La resolución también expresa que «esta doctrina resulta de aplicación en este supuesto, ya que ni siquiera existe una decisión colegiada, sino meras opiniones, comunicaciones e informes internos entre diferentes Administraciones Públicos». Además, se refiere a que los documentos que eleva el Pevolca «se adoptan por consenso, sin perjuicio de que puedan producirse discrepancias, en cuyo caso deberán recogerse en un anexo firmado por el defensor de la postura que se separe de la consensuada». De esa manera recalcan que es un «extremo que no se ha producido».
En su exposición de hechos, el Gobierno matiza que el Pevolca «carece de capacidad deliberante o de decisión», por lo que no «adopta acuerdos que tengan trascendencia para terceros» ya que esta facultad recae sobre la persona que ostenta la dirección del Plan.
También recalcan que «en esas reuniones no existía un orden del día, ni deliberaciones y acuerdos en los que se plasmara una voluntad colegia», tampoco secretario formalmente designado, ya que las reuniones del Pevolca eran diarias «a los meros efectos del seguimiento constante de la erupción y la coordinación administrativa».
Lo cierto es que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el Ejecutivo, Julio Pérez, quien también era el director del Pevolca, admitió que hubo diferencia de criterio entre los científicos sobre la inminencia de la erupción, si bien el consenso que adoptaron entre ellos fue mantener el color del semáforo de riesgo ante la imposibilidad de establecer un tiempo concreto sobre la erupción.
