Seis meses han pasado desde que el volcán arrebató el pasado, presente y futuro a miles de palmeros que, por desgracia, vivían en los alrededores del lugar donde el volcán decidió aparecer. Seis meses en los que se han hecho esfuerzos por parte de las administraciones, pero que, para los vecinos, no han sido suficiente. Ni las viviendas prometidas han llegado, ni se ha reabierto la carretera para llegar a las zonas incomunicadas de la costa y muchos empresarios desconocen si sus negocios son viables. Ante este escenario incierto y prolongado en el tiempo, los vecinos exigen transparencia con respecto al proceso de reconstrucción de La Palma, pues hasta el momento, no han tenido acceso a la información con la que se está trabajando.
"Necesitamos información real para organizarnos y pensar en nuestro futuro", resaltó Jennifer Sánchez, presidenta de la Asociación Las Manchas, en su comparecencia en la primera sesión de la Comisión de Estudio de Reconstrucción de La Palma celebrada en el Parlamento de Canarias, donde representó a todas las asociaciones de vecinos y empresariales afectadas por el volcán. La afectada insistió en que todos los vecinos son conscientes de la realidad y de que devolver a La Palma a las condiciones en las que se encontraba antes de la erupción puede tardar 3, 5 o hasta 10 años. Pero su objetivo no es acelerar lo imposible, sino conocer la realidad y evitar las “falsas expectativas”. La afectada puso de ejemplo, las ayudas al alquiler que aunque se anunciaron a principios de diciembre, aún no han llegado a los damnificados porque el ingreso de los 1,4 millones destinados a ello se hizo hace apenas dos semanas.
Las ayudas al alquiler aún no han llegado a muchos de los palmeros afectados
"Mucha gente no ha recibido las ayudas", sentenció la afectada e insistió en que, a día de hoy, no existe alternativa habitacional para parte de las personas que, hace seis meses, tuvieron que abandonar sus hogares por riesgo que desentrañaba la erupción. En la isla no hay suelo donde construir ni viviendas de alquiler y, mientras, los afectados tampoco puedan volver a sus hogares, lo único que piden es una "solución provisional de espera digna" que no se ha hecho efectiva. "Hay gente que está viviendo en casas de amigos y familiares, a los que se les ha reacondicionado un garaje para vivir o que llevan seis meses en una caravana", resaltó la portavoz.
La información es un bien preciado para los vecinos pero no solo para poder planificar sus vidas, sino también para poder participar de manera activa en la reconstrucción de su isla. "No vemos que la participación sea efectiva, nuestras propuestas no llegan", denunció Sánchez. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que "los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) o el Instituto Geológico y Minero Español (IGME)” se hagan públicos para que los vecinos puedan saber cómo avanza la reconstrucción. "Esa información nos daría tranquilidad, porque esta incertidumbre nos desespera", resaltó Sánchez.
Los vecinos quieren ver "los trazados para conectar la costa" y qué lugares se quieren proteger. Justamente la conexión del barrio de Las Manchas con el litoral costero de La Palma fue uno de los puntos en los que más hicieron hincapié. Y es que, debido a esta ruptura de las conexiones por carretera, son muchos los vecinos, cosecheros y agricultores -especialmente los que viven en el sur - que cada mes gastan entre 400 y 500 mes en carburante para poder desplazarse hasta sus puestos de trabajo. Sin mencionar los problemas que acarrea el corte, por ejemplo, en la asistencia sanitaria que, por ahora, se limita a los trabajadores de la zona. "Se deben estudiar otras opciones y ejecutar la más rápida, aunque sea de forma provisional", resaltó la representante de las asociaciones, que resaltó que esta conexión también es importante para "poder acceder a las viviendas deshabitadas". Los vecinos proponen como alternativa construir las carreteras encima de la lava, en lugar de apartarla para llevar a cabo la obra, dado que en su interior alberga aún altas temperaturas que impiden romper la colada.
En este sentido, la Plataforma de afectados por la erupción de La Palma, reclamó una ley integral que regule los derechos de los afectados. "Tanto Estado como la comunidad autónoma han aprobado 30 normas para poder paliar las consecuencias terribles para los afectados volcán", valoró Octavio Fernández, portavoz de la plataforma, que, sin embargo, destacó que "aún falta un largo camino por recorrer" y los damnificados necesitan una normativa que "blinde sus derechos". Entre ellos, Fernández hizo alusión a los derechos a la audiencia, participación y transparencia, y destacó que a día de hoy los vecinos desconocen los informes relativas al riesgo volcánico anteriores al 19 de septiembre y no han podido acceder a una audiencia sobre decreto ley 1/2022 - el primero de ordenación urbanística tras la erupción.
Los agricultores no creen que deba realizarse ninguna recalificación del suelo
Para aquellos que tenían negocios o tierras de cultivos en las zonas afectadas, la situación no es muy diferente. Las ayudas han llegado a todos por igual, pese a que las indemnizaciones se anunciaron hace ya más de cinco meses. Los agricultores de la zona sepultada por la lava insisten en que no quieren que los suelos invadidos - y de su propiedad- sean expropiados sin una justificación. Tampoco creen que deba abordarse "ninguna modificación del uso del suelo, dado que todos los cultivos en La Palma están sorribados sobre volcanes", afirmaron en un escrito conjunto. Juan Carlos Rodríguez, agricultor palmero y portavoz de la iniciativa de apoyo ciudadano, insistió en que es necesario "revitalizar el sector" para que deje de depender de las ayudas. Rodríguez, además, cuestionó el servicio que están dando las desaladoras, a las que denominó el "tumor del sector", pues de lo que se regó durante la erupción, "no queda ni un 10% de la plantación viva". De ahí que los agricultores soliciten una verdadera red de riego.
Por su parte, el sector empresarial, se siente poco apoyado por la administración. Muchos de los negocios que no han sido sepultados por la lava llevan 8 meses sin poder abrir. Es el caso de todos aquellos que se encuentran en la costa, en los barrios de La Bombilla y el Remo, pues a día de hoy es imposible acceder a esos lugares sin dar una vuelta completa a la isla. Los empresarios piden que no se les presione para abrir de nuevo y que se les reabran los accesos para que el turismo pueda fluir como antes en esa zona y así garantizar su supervivencia.
En definitiva, los vecinos piden celeridad para tramitar las ayudas dado que, como advirtieron, "muchas personas están al borde de la indigencia" intentando ayudarse de "amigos y familiares", como insistió Alberto Hernández, de la iniciativa de apoyo ciudadano. Pero no solo acelerarlas, también acondicionarlas al tiempo que se vaya a tardar en reconstruir La Palma y que, a la hora de concederlas, se considere a todos los afectados por igual y que se refuercen los sectores económicos para poder subsistir.
Los grupos parlamentarios han tomado nota de las propuestas realizadas por las asociaciones de vecinos y las plataformas ciudadanas para incluirlas en sus trabajos de reconstrucción. Sin embargo, no han escondido que la reconstrucción llevará un tiempo y que en todo caso, como destacó la portavoz del grupo socialista, Matilde Fleitas, "es difícil que les podamos devolver la vida que tenían antes".
