El Congreso de los Diputados convalidó ayer con el sí de todos grupo menos Vox, que se abstuvo, el real decreto de medidas urgentes aprobado el pasado 5 de octubre por el Consejo de Ministros para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica de La Palma, y para la reconstrucción económica y social de la isla en un ambiente generalizado de solidaridad con los afectados, pero con una valoración mayoritaria de que será insuficiente y una petición casi unánime de que se tendrán que actualizarse e incrementarse a corto y medio plazo. Aunque la mayoría de los grupos reconoció la celeridad con la que ha actuado el Gobierno central con la aprobación de medidas con las que hacer frente a la emergencia, muchos criticaron el hecho de que a la hora de la verdad la mayoría de esas ayudas no estén llegando aún a los afectados, o la burocracia que afecta a su puesta en práctica.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió el real decreto y aseguró que el compromiso del Ejecutivo «es permanente y va a perdurar en el tiempo» y que «nuestra labor no terminará cuando el volcán deje de lanzar lava, sino cuando todos los afectados recuperen su situación anterior a la erupción». «Solo daremos por finalizada nuestra misión allí cuando todas las personas afectadas hayan retomado sus proyectos de vida con normalidad», afirmó el ministro, quien insistió en que «no es fácil dar consuelo en esa situación, pero los afectados pueden tener esperanza».
Bolaños, tras exponer los contenidos del real decreto y recordar que comporta medidas por un coste de 214 millones, quiso trasladar un mensaje claro a los habitantes de La Palma: «Hay recursos suficientes, ya están llegando, llegarán más, todos los que sean necesarios. La Palma tiene futuro».
Resaltó el ministro que «desde el primer momento el Gobierno ha tenido muy clara su prioridad, remover todos los recursos necesarios para abordar las necesidades de los habitantes de la isla», recordando además las seis visitas realizadas a la isla por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, así como las de los ministros con competencia en las medidas adoptadas. Además, enfatizó la coordinación entre todas las administraciones para dar respuesta «lo más rápido posible» a las necesidades de los afectados. Destacó que se había actuados en tres fases desde el inicio de la erupción: Una primera de prevención, donde el «trabajo predictivo de los expertos y la rápida evacuación de las zonas más afectadas» consiguieron que no hoy no haya que lamentar vidas humanas; la segunda de respuesta a la emergencia para asegurar que las personas que han perdido todas sus pertenencias puedan tener garantizadas sus necesidades básicas, eliminar trabas y costes inasumibles en este momento. Y una tercera de reconstrucción que, aseguró, «va a ser sólida e integral y que ya estamos diseñando».
Tras recordar que se ya en septiembre se aprobó un primer paquete de medidas de «impacto inmediato», desgranó las contenidas en el real decreto avalado ayer, «que pretende dar respuesta transversal y suficiente en el corto plazo y la reconstrucción sólida de la isla a medio plazo». El texto, explicó, incluye dos categorías de medidas: subvenciones y ayudas directas para paliar daños en viviendas, locales entornos productivos infraestructuras y medio ambiente –ahí se incluyen las 30.000 euros de ayuda máxima por cada inmueble destruido– y, por otro lado, un paquete de apoyo e impulso a la reconstrucción económica y social.
PP: Trabas burocráticas
Por parte de los grupos parlamentarios, los mensajes se centraron en reclamar celeridad al Ejecutivo en la aplicación de las ayudas y medidas, y una permanente revisión de las necesidades y complementar de manera inmediata las que surjan en el futuro ante la imprevisión sobre el final de la erupción. La portavoz del PP, la tinerfeña Ana Zurita, afirmó que «estaremos con el Gobierno, valoramos la celeridad con la que ha reaccionado y se agradece los fondos que se han habilitado, pero esta celeridad choca con la realidad de las circunstancias», asegurando que «a día de hoy hay una queja unánime de que esas ayudas no han llegado, y las trabas burocráticas traen de cabeza a los damnificados». Según ella, el real decreto «abarca gran parte de la casuística de la emergencia, todo suena muy bien, pero se han olvidado de la agilidad y el dinamismo». «Esto no es una foto fija y nos obliga a pensar si son estas las medidas necesarias en este momento de la emergencia, y lo aprobado es proporcional a quien lo ha perdido todo».
UP: Intranquildad de los afectados
La diputada de Unidos Podemos por Las Palmas, Meri Pita, reclamó el apoyo de otros sectores económicos. «Ya podría la banca, a la que condonamos muchos millones de deuda pública en la crisis de 2008, hacer lo mismo con las familias afectadas en La Palma». «Todas estas medidas son necesarias y se aplaude la celeridad del Gobierno de España, pero somos un pueblo cansado de esperar promesas que no llegaron por parte del Gobierno de España y de ahí la intranquilidad que tienen las personas afectadas».
CC: Sectores sin cubrir
Ana Oramas, insistió en la idea –tanto en el debate para la convalidación de este real decreto como en el posterior para prorrogar las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que también incluye medidas para los afectados por el volcán–, de que «para salir adelante no sirven los criterios de otras catástrofes, no sirven estos decretos porque son insuficiente». Aseguró que no hay ayudas para muchos de los sectores afectados, entre ellos el turismo, la hostelería, el transporte o la educación, y pidió un Plan de Reconstrucción de la isla como el que CC ha presentado a través de una enmienda a los presupuestos del Estado para 2022 por valor de 700 millones para que los palmeros «afronten el futuro con esperanza y no condenarlo a marcharse de la isla».
NC: Diligencia
Pedro Quevedo, de NC, por su lado, mostró su convencimiento de que las medidas del decreto «no serán suficientes», y que el Gobierno central está tomando nota de ello. Desde su punto de vista buena parte de la eficacia de las medidas ya aprobadas y de las que se sumen en futuro «están relacionadas con la organización y la coordinación de las administraciones implicadas», canarias y estatales.
«Las consecuencias reales de lo que está ocurriendo son imposibles de determinar en este momento», dijo Quevedo antes de recordar que NC tiene presentadas enmiendas a los presupuestos de 2022 para ampliar las ayudas, entre ellas para el sector del plátano, los consorcios agrarios, bonificaciones aéreas, o exenciones fiscales.
PSOE: Mensaje de compromiso con los palmeros
La socialista Tamara Raya, diputada por Santa Cruz de Tenerife, afirmó durante el debate de convalidación del real decreto que «no cabe aquí hacer ningún tipo de confrontación política, ni hacer uso del drama humano para sacar tajada porque lanzaríamos un mensaje erróneo y peligroso a la ciudadanía y sería tremendamente irresponsable». En ese sentido defendió que el Gobierno central «ha trasladando un mensaje de compromiso para la reconstrucción, paliar los daños y que las ayudas lleguen con rapidez. El Gobierno ha dado respuestas rápidas a las emergencias diarias y eficaces en la resolución de los problemas, no va a dejar atrás a los ciudadanos de la isla», insistió.
