El Gobierno de Canarias coge carrerilla y se propone entregar en torno a un centenar de viviendas, entre las ya construidas y las prefabricadas que está adquiriendo a marchas forzadas, durante este mes a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja, que se han quedado sin hogar y están residiendo en un hotel. Aunque se comprometió a empezar a entregarlas en octubre, las dificultades burocráticas de la adquisición y la puesta a punto de estas viviendas han demorado la cesión, si bien el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, recalcó ayer que se ha iniciado la entrega –aunque sea a cuentagotas– a los 52 días después de la erupción del volcán, «frente a lo que suele ser en Canarias un proceso de años».
Por ello, remarcó durante la visita que efectuó a 46 viviendas que están en proceso de adquisición en Tazacorte por parte de la empresa pública Visocan del Gobierno de Canarias, conjuntamente con fondos del Estado, que se está intentando dar una respuesta con la «máxima celeridad a las familias». En la visita a esta promoción de viviendas estuvo presente la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata; y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Ejecutivo autonómico, Sebastián Franquis, entre otros cargos.
Estas 46 viviendas se están acondicionando y se está culminando todo el papeleo con los adjudicatarios, por lo que se entregarán a final de mes o a principios de diciembre. La primera cesión de las casas compradas por el Gobierno se inicio el lunes, con cinco viviendas en Fuencaliente, que junto a otras 13 en Tazacorte que están a punto de ser recepcionadas por los vecinos afectados, forman parte del primer lote de 18 inmuebles adquiridos por el Ejecutivo de los 300 que prevé dar antes de fin de año. Son promociones nuevas que estaban sin uso y que se han tenido que arreglar.
Torres destaca que se trabaja con la máxima celeridad pues este proceso suele tardar años
Junto a estas 18 casas que los vecinos irán habitando en estos días –aún tienen que comprar muebles con cheques monedero que les dan los servicios sociales puesto que el Gobierno se encarga de equipar la cocina– se están terminando las 46 en Tazacorte, que sumadas a 30 prefabricadas que ya están en la Isla, se espera entregar en este mes, principios de diciembre, en torno a un centenar de viviendas.
El próximo mes se adquirirá además otro lote de 29 casas y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) cederá otro grupo de 23 en el municipio El Paso. La Consejería de Vivienda espera poner a disposición de los afectados 123 casas compradas y propias, y otras 200 prefabricadas de madera. Estas últimas se instalarán en suelo cedido por los ayuntamientos, terrenos que ayer también fueron visitados por el presidente de Canarias en la localidad de El Paso.
Aunque las viviendas se estén dando a poco a poco –tan solo 18 por ahora en un mes y medio después del inicio del volcán–, según el presidente se trata de «una evidente muestra de eficacia en la respuesta administrativa, en la baremación, el trabajo humano y la dedicación durante los siete días de la semana».
Torres también subraya el esfuerzo realizado para abrir «en tiempo récord una oficina de atención directa a los ciudadanos en un inmueble cedido por el Cabildo y habilitado por el Gobierno de Canarias», servicio que recoge las peticiones y los documentos de los damnificados, muchos de los cuales han perdido su única vivienda. Asimismo, recuerda que se conformó enseguida un equipo con 15 trabajadores sociales para atender a los afectados por el volcán, a los que luego se sumaron otros 12, y se comenzó a analizar cada caso y se firmó un protocolo con los tres consistorios afectados y el Cabildo.
El presidente entiende que es «lógica, comprensible y objetiva la angustia y desesperación de las familias afectadas», pero a su vez resalta que las administraciones han tenido una respuesta que ha permitido que algunas de esas personas puedan entrar en esta semana en una casa provisional.
En cuanto al suelo para el paquete de 200 viviendas prefabricadas pendientes de instalación, el consejero Sebastián Franquis supervisó ayer junto a Ángel Víctor Torres y el alcalde del Ayuntamiento de El Paso, Sergio Rodríguez, la parcela propuesta por el consistorio de más de 2.000 metros cuadrados para la instalación de las primeras 30 casas modulares en el municipio.
«Estamos estudiando una propuesta para ampliar la parcela y, desde el momento que el terreno reúna las condiciones al allanar el suelo, inmediatamente empezaremos a instalar las viviendas modulares», expuso el consejero. La colocación de estas 30 casas puede tardar en torno a dos semanas y la Consejería se ha empeñado en hacerlo con la máxima rapidez desde que les cedan el suelo sobre el que el ayuntamiento ya está trabajando.
Franquis analiza con El Paso, Tazacorte y Los Llanos el suelo para ubicar las 200 viviendas modulares
El proceso para conseguir terrenos se está realizando con los diferentes ayuntamientos afectados. La Consejería irá adquiriendo las casas prefabricadas en función de que los municipios les cedan los terrenos. Los próximos encuentros serán con los ayuntamientos de Los Llanos, para supervisar una propuesta de suelo ubicada en la Montaña de Tenisca, y también con el de Tazacorte.
Junto a ello, el Cabildo de La palma ha puesto a disposición del Ejecutivo la superficie destinada al Auditorio Insular, ubicado en Los Llanos de Aridane, para que puedan instalar allí las viviendas modulares. Se trata de una parcela propiedad la corporación insular, cuya ubicación es clave al ser céntrica y encontrarse frente al Llano de Argual, que cuenta con una superficie de 7.646 metros cuadrados.
Las casas modulares están fabricadas en madera de abeto nórdico, con una superficie de 74 metros cuadrados construidos, y cuentan con tres habitaciones, además de salón cocina, baño y aseo. Interiormente todas ellas están terminadas con aislamiento térmico y pladur, y un parqué laminado.
Todas estas viviendas, las de ladrillo y las de madera, son para acoger temporalmente a los afectados por el volcán durante un periodo de tres años hasta que culmine el proceso de construcción de sus viviendas definitivas.
