La transferencia de las competencias sobre las costas del Archipiélago al Gobierno de Canarias podría ser la última baza que permita que no se derriben las casetas y viviendas de los núcleos costeros de Puntalarga y El Faro, en el municipio de Fuencaliente.
Así lo defendió ayer el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, quien en una comparecencia pública para explicar las acciones judiciales que se están realizando para defender los intereses de más de medio centenar de propietarios, instó al Gobierno de Canarias a acelerar las transferencias de competencias y a retomar los acuerdos de la Comisión Mixta firmada en 2016.
«Acelerar el proceso»
Langa González aprovechó el acto para lanzar un mensaje directo al Gobierno de Canarias, pidiéndole que acelere con el Estado las transferencias de las competencias en Costas, «de las que se viene hablando desde el pasado julio», dijo, y que podría también contribuir a que no se derriben las casetas y viviendas afectadas.
Al mismo tiempo, reclamó la reactivación de la Comisión Mixta que se firmó entre la plataforma y el Ejecutivo regional en 2016 y que recogía, entre otras cuestiones, «que no se llevaran a cabo desalojos obligatorios en zonas urbanas consolidadas y que, de ser absolutamente imprescindible, se destinen nuevos terrenos a las personas afectadas», señaló el abogado.
En esta comisión tienen representación la federación de municipios y la de cabildos, además de los ayuntamientos afectados por el deslinde del litoral, con el objetivo de hacer un frente común y «evitar la guillotina que costas ejerce sobre nuestras costas, como lo que se quiere hacer ahora en Fuencaliente», recordó el presidente de la plataforma.
Respecto a la costa del municipio del sur de La Palma, el abogado explicó las acciones legales que se están ejerciendo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, donde ha pedido la suspensión cautelar de la autorización judicial para el desalojo, dado que se trata de núcleos urbanos consolidados y primeras residencias.
Son 25 viviendas de El Faro y 30 en Puntalarga las que ya recibieron la notificación del Servicio Provincial de Costas de Tenerife para el desalojo forzoso y la demolición, señalando Langa González que «Fuencaliente es un símbolo de lo que está pasando en Canarias» con el que calificó «ataque a la historia de un pueblo, que ha vivido en y por la costa».
En este sentido, el letrado aseguró que «desde la Plataforma vamos a defender sin descanso a los vecinos de Puntalarga y El Faro que ven amenazadas sus casas, así como a todos los núcleos urbanos consolidados que hay en las costas canarias y que pueden correr la misma suerte».
