El Servicio Provincial de Costas ha notificado a los vecinos de los núcleos costeros de Puntalarga y el Faro, en el municipio de Fuencaliente, el desalojo forzoso de sus casetas antes de los próximos diez días. Son unas 50 casetas y un centenar de vecinos los afectados por este anuncio de derribo.

A través de una notificación certificada se recuerda el cumplimiento de la resolución del expediente de recuperación posesoria del dominio marítimo terrestre instruido contra estas casetas, según el deslinde vigente aprobado por Orden Ministerial de 15 de enero de 2002.

Ya en junio de 2005 el Servicio Provincial de Costas resolvió recuperar el dominio público «ocupado indebidamente», ordenando a demolición de las construcciones y la retirada de sus restos con reposición del terreno a su estado primitivo. Una parte importante de los propietarios, temerosa de las multas que podría acarrear el no abandonar las casetas, desistió de seguir el proceso con recursos, permitiendo a Costas demolerlas. Pero mientras tanto, otro grupo mayoritario comenzó un litigio para intentar salvar las que para algunos es su primera y única vivienda.

Los vecinos presentaron recursos de alzada contra la Dirección General de Costas que fue desestimada, llegando incluso hasta el Tribunal Supremo, que también en 2013 desechó la reclamación de estos vecinos que continuaban en la lucha por defender la conservación de estas edificaciones afectadas por la Ley de Costas.

La realidad es que la que se esperaba fuera una pronta ejecución de demolición se ha retrasado hasta ocho años, pero ahora ya es una realidad con el desalojo judicial de los vecinos.

En la notificación que ahora han recibido los vecinos se especifica que se va a proceder a la ejecución subsidiaria, previo consentimiento del afectado, para la entrada en domicilio o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

Cada vecino cuenta con diez días para otorgar su consentimiento de entrada, advirtiéndoseles que, si en ese plazo no comunican esa disponibilidad, se entenderá que se oponen a la actuación y se solicitará la oportuna autorización judicial, en cuyo caso se cargarán los gastos de la demolición, retirada de los restos y reposición del terreno a su estado primitivo al vecino afectado.