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CC denuncia que 50 cuentas municipales de redes sociales carecen de cobertura legal

Los nacionalistas exigen la prohibición de estas cuentas «sin un acto jurídico que las ampare»

CC-PNC denunció ayer que el Gobierno de La Laguna ha creado más de 50 cuentas de redes sociales «sin garantía de protección de datos ni cobertura legal». Al respecto, el portavoz de los nacionalistas, Jonathan Domínguez, ha presentado una moción al pleno de mañana en la que solicita que «se prohíba la creación de nuevas cuentas o páginas en redes sociales del Ayuntamiento de La Laguna o alguna de sus áreas, servicios, organismos o empresas, sin acto administrativo o jurídico que la ampare».

El motivo de esta denuncia es que tanto en Facebook, Twitter e Instagram, CC dice haber localizado «más de medio centenar de cuentas y perfiles que bajo la apariencia de páginas oficiales del Ayuntamiento de La Laguna, o alguna de sus entidades, servicios, concejalías y/o áreas, en ninguna de ellas es pública ni la persona responsable del tratamiento del tráfico de datos que generan, ni la empresa o funcionario responsable de su gestión o autorización».

CC recuerda que las páginas de redes sociales que se presentan bajo la titularidad del Ayuntamiento de La Laguna «han de someterse a lo dictaminado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por tratarse de canales de comunicación oficiales de la propia administración». En su moción, Domínguez advierte de que «se está generando un grave problema de inseguridad en el tratamiento de datos sensibles, así como en la garantía de la pluralidad política y justificación sobre la finalidad del gasto público, cuya responsabilidad jurídica recae directamente en los órganos de gobierno municipales que las autorizan».

Y es que los nacionalistas detectan «un descontrol que supone un riesgo sobre el derecho fundamental a la protección de sus datos: cuentas donde a veces se habla en primera persona, ejerciendo de forma continuada propaganda política de los partidos y agrupaciones electorales, o incluso de los ediles del Gobierno municipal a título personal; un servicio costeado con dinero público que está externalizado que carece de acto administrativo o jurídico que justifique su propia creación, suponiendo incluso visos de ilegalidad».

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