«La idea en todo momento es recuperar este suelo para disfrute de la ciudadanía y crear espacios para la convivencia y de esparcimiento para los vecinos de La Cuesta y su entorno». Así lo apuntó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), sobre el convenio para la cesión de cuatro cuarteles –El Cristo, Las Canteras, Ingenieros-La Cuesta y Ofra-Vistabella– acordada en 2019 entre el Cabildo de Tenerife y el Ministerio de Defensa y que en las últimas semanas ha vuelto a la actualidad tras ser tratado por la institución insular.
El regidor local señaló que se están dando «los primeros pasos del proceso para la elaboración del convenio que regule la sesión del espacio», así como que «habrá que fijar en qué términos se produce». Asimismo, expuso que el asunto se llevará a un pleno del Ayuntamiento. «Esperamos contar con el máximo consenso posible. Lo que está claro es que deben participar las distintas partes implicadas: Ministerio, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna», sostuvo.
Preguntado por el motivo por el que el Consistorio no estaba en el primer convenio y que ahora sí haya sido implicado, Gutiérrez indicó que se debe a que el actual grupo de gobierno del Cabildo «ha entendido que es fundamental contar con la opinión y participación del Ayuntamiento en un acuerdo que, en el caso de materializarse, beneficiaría muchísimo al municipio».
«Ahora mismo, lo primero que tenemos que hacer es formalizar el acuerdo de cesión de espacio para, posteriormente, estudiarlo conjuntamente entre la Gerencia de Urbanismo y el Cabildo y, a partir de ahí, desarrollar las muchísimas posibilidades que ofrece esta zona de La Cuesta. Y eso incluye, por supuesto, vivienda pública, que es una de las grandes demandas que tenemos en el municipio», respondió al ser preguntado por el temor de su principal socio de gobierno, Rubens Ascanio (Unidas), de que el convenio derivase en una operación urbanística contra el interés general.
«Una posibilidad es la vivienda pública, que es una de las grandes demandas»
Días atrás, Ascanio había mostrado su preocupación. «Es una buena noticia que el Cabildo apueste por la compra de los terrenos militares para darles un uso público y al servicio de las necesidades que tengamos en cada momento en la Isla y en el municipio de La Laguna, porque la mayor parte de los acuartelamientos afectados están dentro de nuestro municipio», contextualizó el primer teniente de alcalde y también líder de la coalición Unidas se Puede. «Pero es verdad que el protocolo de 2019 dejaba la puerta abierta a una operación en la que Defensa, como ha sucedido en lugares como Sevilla, Mallorca o Euskadi, lo que intentaba era vender ese suelo», mantuvo. «Y, para poder venderlo a particulares que quisieran promover proyectos urbanística, lo primero que tenían que conseguir era liberarlo para este fin dentro del planeamiento insular, como explicó el otro día bastante claro Santiago Pérez en el pleno», afirmó.
Operación urbanística
El concejal de Unidas, que lleva años solicitando la recuperación del suelo militar para uso público, advirtió de los efectos del escenario anterior. «¿Cuál es la preocupación y sobre lo que vamos a hacer todo lo posible para que no suceda? Que esto al final genere una operación urbanística sobre una bolsa enorme de suelo, que podría ser un beneficio para toda la zona metropolitana, el espacio más poblado de toda la Isla de Tenerife, y para el desarrollo futuro de La Cuesta, como un barrio que tiene muchísima necesidad de espacios dotacionales y espacios vinculados también con usos como viviendas sociales, juveniles, cohousing, proyectos para mayores, iniciativas vinculadas con el cuidado de las personas con discapacidad y de aquellos que tienen necesidades de este tipo de centros», manifestó.
Así las cosas, el máximo responsable de Unidas se Puede observó una «oportunidad extraordinaria de redefinir y rediseñar el desarrollo de toda la zona de La Cuesta», y expresó que el protocolo firmado por Coalición Canaria (CC) en el pasado mandato «no es la salida más adecuada para el interés general». Y prosiguió: «Es una vía probablemente pensada más para el momento preelectoral de 2019 que para el actual».
Entiende Ascanio que, si se redefine todo ese acuerdo, se podrían incluir espacios militares que actualmente están sin uso en La Laguna. «A día de hoy, según los cálculos que realizamos el pasado mandato en varias iniciativas plenarias que iban en la dirección de recuperar el suelo militar para uso público en nuestro municipio, estamos hablando de unos doce millones de metros cuadrados de suelo que está afectado de forma directa o indirecta por usos militares», cifró, antes de detallar que la suma resulta de las instalaciones y del terreno de las inmediaciones, «que también está afectado debido al interés para la defensa».
«La Cuesta tiene muchísima necesidad de espacios dotacionales»
Además, el edil dijo que sobre el intento de Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 hubo una alegación que formuló el Ministerio de Defensa que establece «toda una serie de espacios periféricos para estos cuarteles, algunos a bastante distancia, sobre todo en la zona de Geneto, que son colocados como lugares donde cualquier tipo de licencia de obra o cualquier actuación que se quiera realizar tiene que contar el visto bueno del Defensa, que eso ya es un condicionante preocupante para los vecinos de estos núcleos de La Laguna».
Moción en el Cabildo
Las manifestaciones anteriores llegan después de que el grupo de CC en el Cabildo de Tenerife demandase recientemente la recuperación del uso público de los cuarteles militares de La Laguna, tal y como estaba previsto desde el anterior mandato. El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, defendió una moción en la comisión plenaria de Presidencia y Acción Social, que contó con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), para que se dé cumplimiento a la «hoja de ruta» establecida desde el año 2019 con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de La Laguna.
«En enero de 2019 se firmó un protocolo por el que se acuerda el marco global de actuaciones a desarrollar para la enajenación, desalojo y reubicación de determinadas instalaciones militares situadas en la isla de Tenerife entre el Ministerio de Defensa y el Cabildo», recordó el nacionalista. «Esto se produjo tras muchos años de trabajo y una hoja de ruta entre ambas administraciones que les comprometía a cerrar actuaciones concentradas en dos bloques interdependientes», afirmó.
