La celebración de procesiones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife cuenta nuevamente con el visto bueno del Obispado. Esta institución religiosa anunció ayer en su página web que el prelado nivariense, Bernardo Álvarez, firmó un decreto por el que se levanta la suspensión de las «manifestaciones de fe en la vía pública». Se trata de una restricción que se había rubricado el 13 de mayo de 2021, una vez que concluyó el estado de alarma. Ahora, la decisión de la Diócesis de La Laguna se produce tras un reciente comunicado de la Archidiócesis de Sevilla.
«La provincia eclesiástica de Sevilla, a la que pertenece esta diócesis, publicó con fecha de 14 de septiembre de 2021 un comunicado en el que, considerando ‘el curso favorable de la situación derivada de la pandemia de la covid-19’, se afirmaba que ‘las diócesis han considerado la conveniencia de retomar la normalidad del culto externo», recordó el Obispado de Tenerife en el comunicado publicado este miércoles en su web. Añade a continuación que, teniendo en cuenta esa consideración de los obispos que forman la «Provincia Eclesiástica de Sevilla y los datos positivos ofrecidos por las autoridades sanitarias en relación con el número de vacunados y la disminución de contagiados y de fallecidos» en Canarias, se procede a la firma del decreto que supone el cambio de criterio.
Álvarez expone en el documento que, para la celebración de los actos de culto externo, «el párroco o representante de la institución religiosa que lo organice ha de tener en cuenta las normas sanitarias vigentes en cada momento y lugar». También fija que se deberá «comunicar a la Administración pública correspondiente, en tiempo y forma, el uso del espacio público». Y prosigue: «Al mismo tiempo, no obstante, y mientras continúe la actual situación de pandemia, renovamos la invitación al pueblo de Dios, pastores y fieles, a la responsabilidad personal y social, así como a la sobriedad en las celebraciones, en consonancia con el momento que sigue viviendo nuestra sociedad, en el que la pandemia continúa teniendo consecuencias negativas no solo de salud, sino también económicas y sociales, en muchas personas y familias de nuestras islas».
