Los dueños de la casona del número 34 de la calle San Agustín, que sufrió un desprendimiento en julio que obligó a su vallado exterior, tendrán dos meses para proceder a su aseguramiento. Así lo recoge un anuncio de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La comunicación, con fecha del 2 de septiembre, establece una batería de medidas que tendrá que llevar a cabo la propiedad y que, en otro caso, se realizará por la vía de la ejecución forzosa.
Concretamente, el texto refiere la «situación de ruina inminente» del inmueble y la necesidad de «garantizar su consolidación». Es por ello que, entre otras actuaciones, ordena a los dueños la retirada de escombros y elementos inestables; el afianzamiento de los elementos que presenten riesgo de caída hacia la vía pública; la limpieza, desescombro, retirada de todos los enseres, basuras y restos; la instalación de un sistema de protección tipo «marquesinas de seguridad» con la finalidad de asegurar las zonas de paso y trabajo; el apuntalamiento y afianzamiento de los elementos constructivos que pueden tener valores patrimoniales; la consolidación de las carpinterías exteriores de la fachada, y el mantenimiento del vallado actual hasta que se hayan realizado los trabajos.
Además, los titulares del edificio tendrán que aportar un levantamiento de planos. A continuación, avanza el Consistorio que, de no llevarse a cabo las acciones de seguridad o el levantamiento, «se procederá a la ejecución forzosa del acto». Y añade: «Se advierte que, de acudir al mecanismo de la ejecución forzosa de lo ordenador, y siempre que no se facilite el acceso al interior del inmueble por persona que ostente su posesión, se procederá a solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
Otro de los puntos del documento establece que se suspende la tramitación del procedimiento, «sin afectar a las medidas cautelares anteriormente ordenadas», hasta que se obtenga la autorización por el Cabildo de Tenerife para declarar al inmueble en situación legal de ruina. Como se recordará, esta casona fue objeto de actualidad después de que se produjese en ella el desprendimiento parcial de dos plantas. Situada en pleno casco histórico lagunero, permanece desde entonces con un vallado a su alrededor.
