La Gerencia de Urbanismo de La Laguna insta a las compañías eléctricas y de telefonía que mantienen sus redes adosadas a las fachadas del casco histórico a retirar y canalizar el cableado para evitar daños en el patrimonio. Esta advertencia está plasmada en una instrucción dictada por el consejero director del organismo autónomo, Santiago Pérez, para aclarar las responsabilidades de las empresas encargadas del suministro de estos servicios.

El también concejal de Ordenación del Territorio recuerda la paulatina entrada en vigor de ordenanzas y leyes dirigidas a «garantizar la conservación y rehabilitación» de este entorno, eliminando los cables del paramento exterior de los inmuebles ante su «evidente impacto visual y notable degradación de las estructuras».

Entre la normativa vigente, recuerda que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, aprobado por el Pleno en 2005, prohíbe dejar al descubierto y visible cualquier elemento (tuberías de agua potable y de abastecimiento eléctrico, por ejemplo), que distorsione o perjudique el valor del edificio y su entorno.

También cita la Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio Cultural de Canarias, que obliga a soterrar los tendidos en estos espacios y veta la colocación en fachadas. Además, establece que los ayuntamientos deberán acordar con las suministradoras la retirada de cables y conducciones para su soterramiento. Labores que «tienen que ser costeadas por las propias empresas y, en ningún caso, podrán ser exigidas a los propietarios de los inmuebles en el marco de la ejecución de otro tipo de obras, como de rehabilitación, reforma o mantenimiento», advierte Santiago Pérez.

Desde la Gerencia de Urbanismo se procederá a identificar las características de las instalaciones existentes en la actualidad para dar curso a las actuaciones encaminadas a la progresiva eliminación y canalización de los cableados en el paramento exterior de los edificios. Al mismo tiempo, el organismo mantendrá «una especial vigilancia» cuando las compañías lleven a cabo modificaciones o ampliaciones del suministro, con el fin de impedir estas prácticas, y no autorizará cables adosados a nuevas fachadas, independientemente de la preexistencia de antiguas redes.