La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado el recurso de apelación presentado por José Alberto Díaz, exalcalde de La Laguna por Coalición Canaria, contra el auto del 12 de febrero de 2018 que abrió las diligencias del caso reparos. En la causa, originada a raíz de una denuncia de Santiago Pérez cuando estaba en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna –ahora es responsable de Urbanismo–, el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna investiga si hay delito de prevaricación continuada en 48 decretos que levantaron los reparos del interventor para prorrogar contratos de servicios municipales entre 2013 y 2017.

José Alberto Díaz, uno de los investigados junto a otros concejales de La Laguna por levantar reparos del interventor municipal, alegó que las resoluciones denunciadas “se ajustaron a los procedimientos legales” y que los nuevos procedimientos para sacar a concurso esos contratos “se retrasaron” por las reformas introducidas en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del año 2013, “generándose dificultades interpretativas”. La Audiencia, en una resolución firmada por su presidente, Joaquín Astor Landete, y los magistrados Fernando Paredes y Esther García, defiende por contra que el auto impugnado “resulta conforme a derecho” porque “acuerda proceder a la comprobación de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación”. Los tres jueces ven los indicios en la reiteración del levantamiento de reparos, al tratarse de una figura legal pero excepcional, y en que contravendrían el interés general para la prestación de servicios. “Debe tutelarse el interés de los eventuales aspirantes a la adjudicación de las concesiones, generándose [en el caso reparos] pagos por parte del erario público por un importe total de 17,9 millones de euros”, asegura la resolución de la Audiencia Provincial.

Los tres magistrados utilizan, además, para rechazar la petición de José Alberto Díaz el fallo del Tribunal Supremo que archivó otro procedimiento anterior, el caso grúas, que también denunció Santiago Pérez y en el que se vieron involucrados precisamente algunos de los afectados del caso reparos, el mismo José Alberto Díaz y el también exalcalde de La Laguna por CC Fernando Clavijo. La Audiencia defiende que mientras en el caso grúas el Supremo se basó para el archivo en la existencia de un dictamen externo de “reputados profesores universitarios” que avalaron la actuación del Ayuntamiento en el servicio de recogida de vehículos, en el caso reparos “no consta ningún dictamen ajeno al ente público con el que se funden las resoluciones cuestionadas”.