El proyecto para construir infraestructuras educativas con financiación privada en Canarias a cambio de la concesión de los servicios complementarios en los centros públicos prevé inversiones por 81 millones de euros, aunque aún hay dudas de si se podrá llevar a cabo dentro de la legalidad, reconoció ayer el consejero de Educación, José Miguel Pérez, en el Parlamento regional.
Pérez admitió que esa fórmula de financiación de infraestructura, que se está estudiando a raíz de los recortes del Estado, es muy complicada y ofrece dudas sobre su viabilidad, ya que "no hay precedentes ni en Canarias ni en España".
La idea es que las infraestructuras en quince centros educativos, con un total de 278 unidades escolares, no computen como déficit público, pues su construcción correría a cargo del sector privado a cambio de la explotación de los servicios como limpieza, cocina, conserjería y mantenimiento.
El diputado del PP Felipe Afonso expresó sus dudas sobre el proyecto, porque con los 9.000 euros anuales en que calculó el coste de cada unidad no se cubrirían los gastos, advirtió.
Dado que es un proceso complejo, se ha encargado un estudio de viabilidad a la consultora Price Waterhouse, que ya ha sido entregado. El pliego de condiciones se está redactando actualmente.