Las diputadas del Partido Popular (PP) y del grupo mixto Milagros Bethencourt y Carmen Hernández, respectivamente, denunciaron ayer, en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias, que el Ejecutivo regional destina menos de un 4 por ciento del crédito extra a la emergencia social en su proyecto de ley.
Carmen Hernández destacó que en este reparto, el Gobierno ha destinado a la pobreza, de forma directa, 2 millones de euros para la PCI, 2,3 millones para que los ayuntamientos gestionen esta prestación y otros 2,5 millones en comedores escolares, mientras que tanto para otras ayudas sociales como para las destinadas a domicilio hay "cero euros".
En este sentido, resaltó que para estos dos últimos fines la Estrategia contra la Pobreza contemplaba dos y tres millones de euros, respectivamente. Por ello, Carmen Hernández calificó al Ejecutivo canario de "insensible".
Hernández adelantó en una nota de prensa que, en la enmienda a la totalidad que su partido presenta al proyecto de ley, se plantea la asignación de 10 millones de euros para las ayudas a la emergencia social, tres millones más para la PCI y otros tres millones para la ayuda a domicilio.
Milagros Bethencourt recordó que el 29 de julio en el debate monográfico en referencia al déficit, la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, aseguró que "ese dinero adicional está prioritariamente comprometido con la estrategia para la lucha contra la pobreza y la exclusión social". De ahí que la diputada popular asegurara a Rojas que, "una vez más, el Gobierno canario la ha dejado en evidencia".
La diputada popular recordó las cifras que se registran en Canarias de "38.000 hogares sin ingresos reconocidos; 120.000 hogares con todos sus miembros en paro; 38,2 por ciento tasa riesgo exclusión social".
Por su parte, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, insistió en que los 206 millones de euros del crédito extraordinario son para garantizar los servicios públicos esenciales, además de para crear empleo y dinamizar la economía.
De ese total, Rojas aseguró que el 54 por ciento (110,5 millones de euros) a políticas de bienestar social.
Ante esta aseveración, la diputada popular destacó que esa cifra ha sido destinada "a tapar agujeros, deudas pendientes", como es el caso de "las prestaciones por la Ley de Dependencia", a la que destinan cinco millones de euros.