El delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López, ha reclamado hoy al Gobierno Autónomo actuar contra "la competencia desleal del juego ilegal" que ha dicho hacen organizaciones que emplean discapacitados y que llegan a recaudar 12 millones de euros anuales en las Islas.

"Ése es un problema que, lamentablemente, no abordan ni el Gobierno central ni tampoco el autonómico", pese a que ambos, en la medida de que cada uno posee su propia ley de juego, deberían intervenir para detener las actividades de unas organizaciones que hacen sorteos aunque carecen de autorización legal para ello y perjudican a la ONCE, ha asegurado su delegado en el Archipiélago.

Puesto que la existencia de ese "juego que no está autorizado" supone "un problema para los fines sociales" que se financian con los ingresos de la Organización Nacional de Ciegos, ha dicho al presentar en rueda de prensa datos estatales y regionales de su memoria anual de 2012 José Antonio López.

Y ha insistido en que tanto el Gobierno estatal como el regional "deberían actuar en esa materia y erradicar el juego ilegal", que conlleva "la utilización de las personas con discapacidad para fines lucrativos en materia de juego".

Un "juego ilegal que varias organizaciones practican con trabajadores en la calle, que los conocemos y los vemos todos en la calle, que no están dados de alta en la Seguridad Social, que, por lo tanto, no cotizan, y que, por lo tanto, están en una situación, yo diría, que de clara explotación", ha sentenciado.

El directivo de la ONCE ha reiterado sus demandas de actuar frente a dichas organizaciones, de las que no ha dado nombres, con el argumento, además, de que "no hay ningún tipo de seguimiento por parte de ningún estamento público" de sus negocios, pese a que recaudan al año en toda España una media de 90 millones de euros, 12 de ellos en Canarias, según sus estimaciones.

López ha dicho que esa competencia desleal es solo uno de los factores que han perjudicado a la ONCE en el contexto de crisis que se ha vivido el año pasado, en el que ha destacado que los ingresos por ventas de su organización han retrocedido en todo el país respecto a 2011 un 2,2 %, hasta situarse en 1.913,42 millones de euros.

A ese retroceso han contribuido, según ha destacado, el hecho de que el Gobierno español concediera licencias a nuevos operadores para entrar al mercado del juego del país, en el que ha afirmado que existe "una competencia muy feroz", y la decisión del Ejecutivo de, al tiempo, incrementar los impuestos que aplica a los sorteos de la ONCE.

Organización que, no obstante, ha conseguido mantener al nivel de 2011 el dinero que ha destinado en Canarias a inversión social, 3.700.000 euros que se han gastado, entre otros fines, en facilitar la educación inclusiva de 320 niños y jóvenes discapacitados, desde los niveles más básicos hasta la universidad, o a la creación de 182 puestos de trabajo para personas con necesidades especiales.

La eliminación de barreras o la facilitación de tecnología accesible para discapacitados son otras actividades que ha financiado con esos fondos en Canarias la ONCE, que además ha costeado más de 30 millones de euros de los salarios de los empleados que tiene en el Archipiélago, ha añadido López.