El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) ha interpuesto un recurso contra la convocatoria de oposiciones docentes puesta en marcha por el Gobierno Autónomo para este año, que argumenta debe paralizarse por su "alto grado de inseguridad jurídica".
Y es que esa convocatoria, aprobada por el Ejecutivo para cubrir 138 plazas de maestros e inspectores de Educación, estaría condicionada por lo que ocurra finalmente con el Decreto 74/2010 que modifica los procedimientos de listas de nombramientos de profesores sustitutos e interinos, que ha anulado, en principio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha argumentado este lunes el STEC.
Dicho sindicato, que ya ha reclamado por distintas vías derogar el referido decreto y paralizar dichas oposiciones, contra las que llegó a promover una huelga semanas atrás, ha expuesto que ha acudido ahora a la vía judicial para tratar de frenarlas asegurando que, de no lograrse este objetivo, resultarán perjudicados profesores que perderán su empleo pero también las arcas públicas.
Puesto que, según ha sostenido el abogado del STEC José Juan Mendoza, si por esas oposiciones consiguen empleo nuevos docentes cuya incorporación al sistema educativo canario conlleve que pierdan su trabajo otros profesionales que han ocupado una plaza como interinos o sustitutos desde hace décadas, estos últimos podrían reclamar una indemnización si se anula el proceso.
Porque el sindicato opina que esa convocatoria de oposiciones acabará siendo declarada nula por vía judicial, en caso de que finalmente se lleve a término, ha recalcado Mendoza.
Sus palabras han sido respaldadas por la dirigente del STEC Silvia Rodríguez, quien ha acusado al Gobierno Autónomo de "irresponsabilidad" por convocar estas oposiciones, que, además, ha insistido en que van a provocar una "efecto llamada" a docentes de otras comunidades donde no hay ofertas de empleo público que pueden dejar sin plaza a quienes llevan años trabajando en las islas.