El Gobierno de Canarias quiere dar soporte legal a lo que ya está haciendo: detraer a los centros educativos el dinero sobrante de las partidas para comedores escolares. El proyecto de decreto en el que se recogerá esta medida -que solo afectaría a los comedores de gestión directa, 153 frente a los 318 de cátering- ha sido sometido a la consideración del Consejo Escolar de Canarias (CEC), que ha expresado su rotundo rechazo.

El órgano consultivo recuerda que esos remanentes sirven a los centros para "atender necesidades sobrevenidas y urgentes de comensales, cuya atención no puede y no debe esperar a la resolución de expedientes".

También precisa el CEC que esos fondos son "los que permiten a estos comedores funcionar y realizar las compras hasta el nuevo libramiento de la asignación", algo especialmente importante en un momento que, como el actual, se caracteriza por la restricción del crédito.

Asimismo, los remanentes dan la posibilidad de "hacer frente a contingencias materiales de carácter urgente para poder prestar el servicio de comedor, cuya solución no puede estar sometida a dilatados procesos de autorización administrativa".

Este caso es, a juicio del órgano presidido por María Dolores Berriel, un ejemplo del proceso de "recentralización de la gestión administrativa y presupuestaria" que experimenta actualmente la educación pública en las Islas como consecuencia de las dificultades económicas y que se opone a la tendencia de dotar a los centros de una mayor autonomía, tal y como recomiendan organizaciones como la OCDE y los expertos en materia educativa.

El Consejo Escolar opina, en este sentido, que "son los centros los que deben gestionar estos recursos para prestar un servicio de calidad que atienda, a su vez, las necesidades de compensación del alumnado". En caso de que el uso de esos fondos "no se ajuste a los requisitos de eficacia y eficiencia que todo servicio público debe tener" -indica el informe del CEC-, la Administración "tiene recursos suficientes para proceder a la corrección".

De cualquier manera, advierte el órgano de participación y consulta de la comunidad educativa, el proyecto de decreto debería explicitar "qué supone el montante de los remanentes de comedor para la Administración y qué razones sociales y económicas concretas aconsejarían su detracción".

Además de argumentar de esta forma su oposición a las intenciones del Gobierno, el CEC reitera su opinión de que "servicio de comedor escolar, en el contexto actual, debe ser objeto de revisión y de incardinación en un proyecto global, por lo que debería revisarse su planteamiento y su marco normativo con la participación y el consenso de los sectores concernidos directamente, especialmente las familias y las administraciones con competencias en asuntos sociales".

"El avance en la autonomía de los centros, con participación y rendición de cuentas", beneficia más la eficacia y eficiencia de los servicios públicos que su centralización, según el Consejo, que insta al Ejecutivo regional a profundizar en esta línea.