Hasta 70 núcleos costeros del Archipiélago afectados por la Ley de Costas podrían mantenerse de forma legal gracias a la disposición adicional que se ha incorporado en la nueva norma y que reduce de 100 a 20 metros la zona de servidumbre, según anunció ayer en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien señaló que "esta ley trata de proteger los derechos de los antiguos propietarios".
La delegada explicó que ahora queda "en manos de los ayuntamientos y cabildos" cada uno de los 32 casos afectados de la provincia de Las Palmas y 38 de la de Santa Cruz de Tenerife y analizar su afectación para que se puedan beneficiar de la nueva ley. En total, Costas tiene unos 2.000 expedientes con casos del Archipiélago.
Aún así, Bento hizo especial hincapié en que aquellos núcleos que "fueran ilegales antes de la norma, siguen siéndolo".
También destacó que no se podrán solucionar aquellos casos que tienen una sentencia firme, como ocurre con Ojos de Garza en Gran Canaria. Pese a ello, insistió en que se intentará buscar fórmulas viables antes de llegar a "situaciones extremas", como ya se ha hecho en el núcleo grancanario, "donde se ha llegado al acuerdo de esperar a que encuentran una vivienda para proceder a la demolición".
Otro beneficio para el Archipiélago que aporta esta nueva ley, según Bento , es la distinción entre el uso urbano y el uso natural de las playas, ya que se podrán emplear estos espacios para eventos que tengan interés turístico y no perjudiquen al medio ambiente.
La delegada del Gobierno en Canarias también destacó que esta nueva ley aporta "seguridad jurídica", ya que "se amplía el período de las concesiones hasta los 75 años". Para beneficiarse de esto, las propiedades deberán estar inscritas en el registro de la propiedad y se permitirá la transmisión de la concesión, explicó.
Preguntada por el motivo por el que la norma no contempla ninguna especificidad concreta para Canarias, Bento explicó que ninguno de los doce núcleos con carácter excepcional es canario porque ninguna de las poblaciones isleñas cumplían con las características suficientes para ello.
En este sentido, y preguntada por el caso de Formentera, explicó que "casi toda la Isla es de dominio público".
Respecto al recurso que presentará el Gobierno canario, Bento le restó importancia y destacó que "es la tónica general del Ejecutivo".
El Gobierno confirma que recurrirá la norma
El Gobierno canario interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la Ley de Costas invade las competencias territoriales de las comunidades autónomas, vulnera el principio de igualdad y tiene carácter retroactivo, confirmó ayer el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel. El consejero dijo que confía en que el Constitucional mantenga su criterio sobre las competencias territoriales de las comunidades.