El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha mostrado este miércoles su rechazo a la decisión del Gobierno central de retirar la asistencia sanitaria pública y gratuita a los inmigrantes sin papeles que viven en España y consideró que debería restituir un derecho que "no debió ser arrebatado", después de que el Tribunal Constitucional respalde el derecho a la salud.
Hernández Spínola se manifestó así en la inauguración del foro ''La universalidad de los Derechos Humanos y la inmigración'', que se celebra en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Para el consejero canario de Justicia la medida del Gobierno central es "claramente discriminatoria", ya que "atenta contra el respeto a los derechos esenciales de las personas y que ni tan siquiera reportará un ahorro significativo" para las arcas públicas, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Agregó que una sociedad como la española que "ha sufrido los dramas que a veces acompañan a la emigración fuera de su país, no quiere convivir con esta medida" que, añadió, de manera "tan irresponsable, afecta y perjudica a seres humanos en base a su condición administrativa".
Por otro lado, Hernández Spínola se refirió a la reforma del Código Penal en la que trabaja el Ministerio de Justicia y que, dijo, si finalmente es aprobada por el Parlamento español "podrá ser objeto de sanción penal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados".
Este hecho, apuntó, pone en una situación "difícil" a las personas que quieren ayudar y se encuentran con la paradoja de que su actuación puede ser tildada de ilícito penal. Cambios y reformas que también afectarán a la Ley de Extranjería y "determinarán que el Estado pueda expulsar a una persona a la que se le haya reconocido protección internacional en la Unión Europea y cuente con un permiso de residencia de larga duración".
Así, Hernández Spínola subrayó que España "ha pasado, en muy poco tiempo, de ser un país de emigración a convertirse en destino preferente de los flujos migratorios como resultado del crecimiento económico y las expectativas de empleo asociadas al mismo", sin embargo, ahora con el agravamiento de la crisis económica la llegada de inmigrantes "se ha reducido drásticamente y, en cambio, ha vuelto a producirse la salida de muchos" ciudadanos que tienen que buscar en otros países las oportunidades que no encuentran en el suyo.
Por ello, consideró que "es de justicia" reconocer la aportación "decisiva" de los inmigrantes al crecimiento económico del país en las dos últimas décadas.
En el acto de inauguración también estuvieron presentes la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán; el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe Hernández; el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la magistrada y directora del curso, Carmen Simón Rodríguez.