Liberalizar el acceso a la propiedad de las farmacias no producirá un ahorro del gasto farmacéutico ni mejorará el servicio, sino que pondrá en riesgo la calidad de la prestación y llevará al cierre de entre 1.700 y 2.000 boticas, según un estudio de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).

El trabajo, elaborado por el economista Francesco Sandulli, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presentado hoy en rueda de prensa, analiza los posibles efectos que aportaría la liberalización, prevista en el borrador del anteproyecto de ley del Ministerio de Economía y Competitividad sobre ejercicio profesional.

El presidente de FEFE, Fernando Romero, ha puesto de relieve que el informe desmonta los "falsos mitos" sobre el libre acceso a la propiedad de las farmacias y se ha preguntado a quién beneficia esta medida, que abrirá las boticas a las grandes corporaciones multinacionales y grupos empresariales.

Redondo se ha remitido a la famosa frase, "los experimentos, con gaseosa", para cuestionar la medida y ha asegurado que mantener la reserva de acceso a la propiedad (el actual modelo) es una garantía para los ciudadanos. "El Gobierno debería pensárselo mucho antes de modificarlo", ha advertido.

A su juicio, "más que de liberalización, habría que hablar de cautivización de la prestación farmacéutica en manos de unos pocos agentes", ya que, según el estudio, la desregularización no favorece el libre mercado, sino todo lo contrario.

El profesor Sandulli ha destacado que en los países en los que no existe limitación en el acceso a la propiedad (Holanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Portugal y Estados Unidos, entre otros) se ha producido una concentración e integración vertical entre compañías distribuidoras, mayoristas y oficinas de farmacia, de manera "sorprendentemente rápida".

Sandulli ha puesto el ejemplo del Reino Unido, donde se prevé que este año el 85 por ciento de las boticas pertenezcan a unas pocas cadenas de distribución, o de Noruega, en el que "en solo en tres años han pasado a estar en tres manos".

El informe constata también que la liberalización no disminuye el gasto farmacéutico por habitante ni reduce el precio de los medicamentos. De hecho, países como Irlanda o Bélgica que cuentan con modelos libres de propiedad tienen gastos muy elevados.

Además, pone de relieve que la liberalización perjudica gravemente a los municipios y habitantes de las zonas rurales debido a las situaciones de monopolio local, en las que prima la maximización de beneficios sobre la equidad, lo que provoca el cierre de las farmacias menos rentables.

De hecho, en Reino Unido y Noruega se han creado "barreras económicas de facto para la apertura de farmacias independientes", ha señalado Sandulli.

Primar las prioridades comerciales sobre las sanitarias pone en riesgo la calidad de la prestación farmacéutica, ya que al buscar aumentar la rentabilidad se disminuye el número de farmacéuticos, que se sustituyen por auxiliares.

A este respecto, el presidente de FEFE ha señalado que el ratio de farmacéuticos por habitante en España es de 0,50 por cada 1.000 habitantes frente a los 0,93 del Reino Unido. "No puede significar una mayor calidad en el servicio", ha asegurado.

El estudio señala también que la liberalización supone un "copago encubierto" para los ciudadanos, especialmente para los habitantes de zonas rurales que tendrán que desplazarse a unas farmacias a mayor distancia de sus domicilios.

Por ejemplo, una persona que resida en un municipio pequeño deberá pagar entre 19 y 100 euros más para acceder a los medicamentos.