El mantenimiento, limpieza y vigilancia de los centros de Infantil y Primaria, la gestión de las escuelas infantiles y el control del absentismo escolar, funciones que actualmente desarrollan los ayuntamientos, pueden ser asumidas por las comunidades autónomas si la reforma de la Administración local que tramita el Gobierno central sale adelante en los términos en que está planteada.
El impacto económico de esta medida es difícil de calcular, pero el consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, puso ayer como ejemplo que solo mantener los colegios puede suponer un coste anual superior a los 48 millones de euros.
"Soy incapaz de cifrar las implicaciones económicas", reconoció Pérez en comisión parlamentaria. La complejidad de este cálculo procede, también, de la ambigüedad y las contradicciones que, a juicio del consejero, caracterizan el anteproyecto del Ejecutivo del PP, que no cuantifica las dotaciones presupuestarias que recibirían los gobiernos regionales y se refiere a "un coste estándar, sin precisarlo".
Estas "dificultades de aplicación concreta", el embrollo competencial que producirían estas medidas y el rechazo que han manifestado muchos alcaldes hacen confiar al consejero en que "se introduzcan cambios profundos en el trámite parlamentario".
Menos optimista sobre la posibilidad de una rectificación del proyecto, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández -solicitante de la comparecencia de Pérez- denunció que la reforma "no tiene razón de ser", no producirá un ahorro y solo obedece a la "avidez centralizadora" del partido del gobierno.
Por parte de los aludidos, Felipe Alfonso El Jaber justificó los planes del Ejecutivo en la necesidad de racionalizar la administración. "Distintas administraciones tienen competencias sobre un mismo colegio y a veces discuten por quién tiene que ejercerlas", dijo el diputado del PP.
El pacto educativo cuantificará sus objetivos
El pacto social y político por la educación que el Gobierno canario trata de impulsar incluirá objetivos "tasados cuantitativamente", es decir, especificará hasta qué punto habrán de mejorar los tres indicadores que serán el núcleo del acuerdo: abandono educativo temprano, rendimiento de los alumnos e índices de titulación. Pese a admitir la complejidad de la tarea, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, se mostró ayer convencido de que "nada debería impedir" el pacto.
Con voluntad de participación, pero con cautela
La existencia de un dictamen común de todos los grupos políticos sobre la situación de la educación en las Islas sienta, según los miembros de la comisión parlamentaria, un buen precedente para la consecución del acuerdo. Todos expresaron su disposición a participar, pero también su cautela, en especial el PP. Su diputada Maribel Oñate calificó la propuesta como "una ristra de infinitivos, sin temporalización ni cifras concretas".