La Consejería de Educación del Gobierno canario ha publicado ya el listado provisional de los alumnos de la Universidad de La Laguna (ULL) a los que se han concedido o denegado las becas de la comunidad autónoma.

El retraso que sufre este proceso obligó hace unas semanas a la institución docente a dictar instrucciones extraordinarias de matrícula para los estudiantes que no habían abonado las tasas de inscripción a la espera de saber si contaban con la ayuda.

Más de 4.400 alumnos de la ULL habían solicitado la beca y, según esta segunda lista provisional, casi un 60% -2.625- se quedará sin ella. El listado incluye también los beneficiados y excluidos de otras universidades -180 y 300, respectivamente-, pero no de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que va rezagada en este sentido.

La Consejería ha atribuido la demora que sufre la resolución de sus becas a la que previamente había experimentado la convocatoria del Ministerio de Educación, dado que para que aquella pueda iniciarse, esta debe haber concluido.

Cuando, hace unas semanas, se hizo público que más de 4.000 alumnos de La Laguna no tenían aún noticia de sus ayudas, la Administración regional adujo que el Gobierno central seguía entonces resolviendo los errores que se habían detectado.

También avanzaba entonces la Consejería que la comisión encargada de evaluar las solicitudes terminaría su trabajo a finales de abril, como así ha sido. El plazo para presentar alegaciones se extenderá ahora hasta el 9 de mayo, de forma que la adjudicación definitiva se podrá producir en ese mismo mes.

Pese a la incertidumbre que ha generado en los estudiantes y a los inconvenientes que ha ocasionado a la propia Universidad de La Laguna -que no ha podido ingresar las cantidades correspondientes a las tasas de matrícula de estos estudiantes-, el retraso de la actual convocatoria de becas no es comparable a la que sufrió la del año pasado, que fueron resueltas y entregadas con el presente curso ya iniciado.

Esa anómala situación se debió, según argumentó el Gobierno de Canarias, a la extinción de la Fundación Canaria para la Promoción de la Educación (Proeduca), que se encargaba de la tramitación de las becas. Su desaparición fue decidida en la anterior legislatura por la Consejería de Economía y Hacienda, al frente de la cual se encontraba entonces José Manuel Soria.