La modificación de la Ley Canaria de Vivienda anunciada el martes por el Gobierno regional ha creado esperanza en miles de isleños que sufren el drama de los desahucios, pero se encuentra un importante problema: la viabilidad económica para sufragar las expropiaciones de uso.

El presidente Paulino Rivero explicó que el dinero se obtendrá a través de multas que serán impuestas a entidades y personas jurídicas que tengan viviendas vacías y con los intereses que generen las fianzas de los alquileres, que quedarán en potestad del Ejecutivo canario a través de la Ley de Arrendamiento Urbano. Pese a esta afirmación juristas y empresarios dudan de la viabilidad de estas vías de financiación.

El experto jurídico y diputado parlamentario por el Partido Popular (PP) Miguel Cabrera Pérez Camacho explicó que las multas "podrían ser recurridas por los afectados al alegar el derecho de propiedad", por lo que el Ejecutivo no podría disponer de esa cantidad hasta que saliera la sentencia, que, "seguramente, sería favorable para los sancionados".

De la misma opinión fue el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción, Antonio Plasencia, quien aseguró que tanto "los bancos como los empresarios recurriremos las multas que dice que impondrá".

La otra vía de financiación cabe recordar que está sustentada en los intereses que generen las fianzas de los alquileres de las Islas, cuyo depositario, a través de la Ley de Arrendamiento Urbano, sería el Ejecutivo regional.

Pérez-Camacho calificó esta vía de "disparate", pues a su juicio "no generaría el dinero suficiente para sufragar el justiprecio de las expropiaciones", mientras que Plasencia sembró la duda: "¿Y si ya no se piden fianzas sino meses por adelantado?".

Pero caso aparte la viabilidad financiera de esta norma, tanto Plasencia como Pérez-Camacho mostraron su incomprensión ante la posibilidad de expropiar viviendas privadas "cuando el Gobierno de Canarias tiene casi 500 casas públicas vacías".

Para Antonio Plasencia lo adecuado sería que el Ejecutivo alquilara primero sus viviendas a las personas que sufren el drama de los desahucios y después "si necesitan más que lleguen a un acuerdo con nosotros".

En este sentido, Plasencia recordó que los empresarios ya han ofrecido al ejecutivo sus viviendas para alquileres sociales, y consideró que "es más sencillo emplear el dinero del justiprecio de las expropiaciones de uso en pagarnos parte de las rentas que en montar este paripé que se va a dilatar en el tiempo".

Aún así, Antonio Plasencia se mostró "encantado" con la decisión del Ejecutivo regional "si se realiza tal con la garantía anunciada de que nos entregan las viviendas en perfecto estado".

las claves

Alquileres más difíciles.

El anuncio del Gobierno de Canarias de, a través de la Ley de Arrendamiento Urbano, ser el depositario de las fianzas de los alquileres ha llevado a los empresarios a plantearse la posibilidad de no pedir fianzas a sus posibles arrendatarios, "sino dos meses por adelantado", señaló el presidente de Fepeco, Antonio Plasencia. Esto provocaría que acceder a un alquiler fuera más dificultoso, ya que aumentaría de forma notable la cuantía a entregar antes de acceder en el inmueble.

Aplauden la medida.

El Proyecto de Ley anunciado por el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, ha sido recibido por los empresarios de la construcción con júbilo, pues, teniendo en cuenta la situación económica y la caída de las ventas y alquileres de los inmuebles, el que el Ejecutivo les dé una remuneración durante tres años por esas viviendas vacías y "nos devuelve la vivienda en perfecto estado y paga el justiprecio como anunció, nosotros encantados", dijo Plasencia.

El Estado impugnaría.

Miguel Cabrera Pérez-Camacho recordó que "el Estado puede impugnar ante el Tribunal Constitucional cualquier norma que pueda ser contraria a la Constitución o a la Ley estatal que está a punto de ser aprobada por el Senado", algo que "no dudo que ocurra" con este Proyecto Ley si fuera aprobado, aseguró el diputado popular.