El pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer admitir a trámite los recursos de los gobiernos de Canarias, Cataluña y País Vasco contra diversos artículos de los decretos leyes para la racionalización del gasto educativo público y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En general, los recursos aducen inconstitucionalidad de algunos preceptos e invasión de competencias.
La norma sobre educación, aprobada en abril de 2012, prevé medidas como el aumento en un 20% de los máximos de alumnos por aula, una jornada lectiva mínima del profesorado de entre 20 y 25 horas en la educación obligatoria y una subida de tasas universitarias, a elección de las comunidades, para que los alumnos sufraguen entre el 15% y el 25% del coste de los estudios.
El decreto ley de medidas sanitarias, también del mismo mes, reformaba las condiciones del "copago" farmacéutico, que se extendía a los pensionistas y retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
El vicepresidente y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, celebró la decisión del Constitucional y recordó que presentó el recurso al considerar que los artículos citados, que se refieren a la jornada lectiva y a la sustitución de profesores, "invaden su espacio competencial, incumplen el artículo 86 de la Constitución Española y vulneran el derecho a la educación".
Pérez explicó que "las medidas en materia educativa aprobadas por el Gobierno central a través de este real decreto-ley no son compartidas por el Ejecutivo canario, ya que no se puede respaldar una norma que compromete seriamente la prestación del servicio educativo". "Por eso nos satisface saber que nuestra postura está siendo escuchada", matizó.
El consejero agregó que ambos artículos invaden ámbitos que son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias con base en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de la Función Pública Canaria, según el recurso presentado por la Administración autonómica.