El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) afirmó ayer que supone una "denigración profesional" tener que exigir las nuevas tasas aprobadas por el Gobierno para dar curso a muchos procedimientos, ya que tienen "consecuencias lesivas" para los ciudadanos. En un comunicado, el sindicato recuerda que desde el pasado diciembre se les exige cobrar estos nuevos gravámenes, una medida que a su juicio se ha aplicado con "especial torpeza" por parte del Ministerio de Justicia. Justifican esta crítica en que hay una general "confusión y falta de seguridad jurídica" en la ciudadanía y los trabajadores jurídicos en el asunto de las tasas, ya que la norma que las aplica es "tan defectuosa" que se están fijando diferentes criterios para ponerlas en marcha en los distintos partidos judiciales y órdenes jurisdiccionales. Por ello, en su opinión el Ministerio de Justicia debe "proceder de inmediato a establecer criterios uniformes para todos los partidos judiciales sobre la aplicación de sus propias leyes para mantener una mínima seguridad jurídica". La ley que aplica las tasas, a juicio del SISEJ, "nunca debió aprobarse" y el sindicato espera que sea declarada inconstitucional. En relación con esta medida, el ministro de Justicia reiteró ayer que las víctimas de violencia machista no solo estarán exentas del pago de tasas judiciales, sino también del coste de abogado y de procurador en virtud de la nueva Ley de Justicia Gratuita. Así se refirió Ruiz-Gallardón al ser preguntado por los periodistas antes de clausurar del congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) sobre la propuesta del PSOE de que las víctimas de malos tratos no paguen las tasas judiciales. Si bien esta iniciativa es "loable", el ministro de Justicia defendió que es "insuficiente" ya que el proyecto del Gobierno es "más ambicioso", pues excluye a las víctimas de violencia de género del pago de las tasas, del pago del abogado y del procurador.
