Los inmigrantes supervivientes de la patera que naufragó en Lanzarote el pasado 13 de diciembre tras chocar contra una patrullera de la Guardia Civil van a interponer una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado y recurrirán su expulsión.
El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, confirmó que dos letrados de oficio de ese colegio prestan atención jurídica a esos 17 inmigrantes, de origen marroquí, con ese fin, después de que ellos la solicitaran.
La patrullera que intentaba auxiliar de madrugada a ese grupo de inmigrantes chocó contra la patera cuando el patrón de la barquilla abandonó el timón y la dejó sin gobierno, en un accidente en el que pudo influir una avería en uno de sus propulsores que "mermaba considerablemente su capacidad de maniobra", según la información que fue facilitada por la Delegación del Gobierno en Canarias cuando ocurrieron los hechos.
Como consecuencia del suceso, un inmigrante falleció ahogado, siete desaparecieron y 17 fueron rescatados del agua.
Según declararon algunos de los inmigrantes, la patrullera de la Guardia Civil chocó a gran velocidad contra el lado derecho de la patera, en la parte central de la misma. Por contra, fuentes de la Guardia Civil aseguraron en su día que el choque se produjo en la maniobra de abarloamiento, y recordaron que los guardias se llegaron a tirar al agua para salvar la vida de los inmigrantes caídos de la embarcación.
Los inmigrantes supervivientes, que fueron internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, pidieron al Juzgado de Instrucción que supervisa ese centro que les asignara un abogado de oficio para tramitar su reclamación, informó Espinosa.
En principio se les había asignado uno en Lanzarote, pero los inmigrantes pedían otro más próximo, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que el Colegio de Abogados de Las Palmas, tramitó su solicitud y designó a dos letrados de la capital grancanaria.