El período para gobernar por decreto que el Parlamento venezolano concedió hace 18 meses a Hugo Chávez para que encarara un desastre natural acaba hoy entre censuras opositoras debido a que el presidente usó los poderes especiales para su proyecto político. "Este Gobierno enterró la democracia participativa" y, con ello, "el debate con el pueblo para hacer leyes. Ya no discute, sino impone", escribió ayer en Twitter el candidato presidencial opositor Henrique Capriles, quien disputará a Chávez la Presidencia el próximo 7 de octubre.

La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que tiene a Capriles como su candidato, recordó que Chávez pidió y obtuvo, en diciembre de 2010, de la mayoría oficialista una nueva Ley Habilitante, como se denomina en Venezuela el permiso para que el Ejecutivo gobierne por decreto sin el control del Parlamento.

Lo hizo, añadió la MUD en un comunicado, "con el supuesto de hacerle frente a la crisis provocada por los estragos que dejaron las intensas lluvias de ese año", pero solo 2 o 3 de las 54 leyes redactadas en este período por la Presidencia están vinculadas estrechamente a ello.

El mismo Chávez, además de sus colaboradores, ha admitido que el resto de decretos sirvieron "para fortalecer proyectos socioproductivos en beneficio del poder popular" y para facilitar la implementación del socialismo. "El presidente declara con toda la arrogancia y prepotencia que le han permitido y aprobado los poderes públicos, en especial el Supremo, refrendador de todas las violaciones a la Constitución que se le han ocurrido al primer mandatario", recriminó la MUD.

La ley Habilitante, agregó la alianza antichavista, "solo buscaba imponer, en complicidad con los demás órganos rendidos del Estado, las propuestas de reforma a la Constitución rechazadas por los venezolanos" en el referendo celebrado para el efecto en 2007.

Es decir, subrayó, durante los últimos 18 meses se perpetró una "monumental estafa" y se usó "el sufrimiento de los venezolanos que en ese momento padecían, y así continúan, los embates de la naturaleza para meter de contrabando leyes hechas a la medida con el proyecto político del personalísimo presidencial".

Entre las 54 normas del período constan varias llamadas "orgánicas", como la del Trabajo, considerada la ley más importante tras la Constitución y sancionada en mayo por Chávez, quien pidió y logró que su constitucionalidad, al igual que otras, fuera confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia. "En un país como en el nuestro el que el Supremo ratifique una decisión arbitraria del Ejecutivo no es ninguna novedad", dijo al respecto Vladimir Villegas, miembro de la Constituyente que redactó la Carta Magna en vigor desde 2000.

El exseguidor de Chávez y embajador en Brasil hasta 2007 acusa al presidente de haberse "divorciado de la Constitución" y opina que su proyecto "caudillista, militarista, autoritario no tiene nada de socialista".

Por la Habilitante también se sancionó el viernes pasado la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones, que resta competencias y recursos a gobiernos regionales y municipales a favor de las organizaciones de base. En realidad, según la MUD, así se permitirá legalmente "secuestrar y poner en manos del presidente todas las atribuciones que por ley les corresponden" a los gobiernos locales.