La jueza María Lourdes Afiuni, detenida hace más de dos años por poner en libertad de forma supuestamente irregular a un empresario, fue llevada ayer a una clínica privada para recibir atención médica, informó su abogado.
"La doctora Afiuni fue trasladada al Centro Médico Docente la Trinidad donde fue revisada por uno de sus médicos de confianza, el urólogo Ariel Kauffman, quien determinó que, efectivamente, es necesario practicarle una serie de chequeos", precisó el representante legal de la jueza, José Amalio Graterol.
El letrado explicó que Afiuni sufre de una afección "sangrante" de la vejiga con "mucho dolor", por lo que se solicitó a la nueva jueza que lleva el caso, Marilda Ríos Hernández, que le permitiera el traslado a este centro asistencial, donde se encuentran sus médicos de confianza.
Además, "se hicieron unas tomografías, mamografías y debe ser trasladada nuevamente a este centro clínico dentro de dos semanas para realizarse otros exámenes con otros médicos y hacer un procedimiento para el cual debe ser sedada", indicó Graterol.
Inicio del juicio
Recordó además que pronto se debería fijar una nueva fecha de inicio del juicio, pero aclaró que "no estamos seguros de poder entrar al juicio porque no estamos seguros de que haya imparcialidad".
El proceso a Afiuni está paralizado desde que en abril de 2011 la defensa optara por no comparecer al inicio del juicio oral por considerar que el entonces magistrado de la causa, Alí Paredes, no era imparcial. Esa posición se ha mantenido a pesar de la rotación de los jueces.
Graterol precisó que a lo largo del proceso han sido designados nueve magistrados, debido a recusaciones de la defensa, inhibiciones y la rotación propia de los jueces.
El pasado jueves la defensa de Afiuni solicitó la nulidad del proceso penal argumentando un reciente fallo del Tribunal Supremo que determina que ningún magistrado puede ser censurado o sometido a un proceso por haber dictado una resolución judicial. "Dentro del razonamiento de esta decisión, firmada por todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, queda claro que ningún juez de la República puede ser censurado o sometido a un proceso penal por el hecho de haber dictado una decisión judicial", explicó Graterol.
El pasado día 4, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Foundation (HRF) pidió su "inmediata liberación" al considerarla una prisionera de conciencia.