La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseveró ayer que el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones sobre las muertes ocurridas en el transcurso de la revuelta popular del 27 de febrero de 1989, conocida como el "Caracazo", reprimida a tiros durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
"Vamos a seguir avanzando en la investigación, el Ministerio Público tiene mucho interés en investigar cuál fue el número de personas fallecidas", subrayó Ortega durante un discurso ofrecido ante un panteón con restos de más de 70 de las víctimas de estos hechos acaecidos hace exactamente 23 años.
La responsable del Ministerio Público puntualizó que se está investigando el llamado Plan Ávila, una acción militar y policial que se activó con el objetivo de detener la revuelta.
El "Caracazo" estalló el 27 de febrero de 1989 y se extendió durante tres días con una ola de saqueos en Caracas y otras ciudades venezolanas.
Fue sofocado a tiros por el Ejército y la Policía, lo que causó entre 336 y 3.000 fallecidos, según determinó el parte oficial de entonces y las versiones de prensa, respectivamente.
Las protestas estallaron contra el alza en los precios de la gasolina decretada bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar una aguda crisis económica.
Ortega indicó que los fiscales que llevan los casos debieron hacer "un trabajo arduo" para ordenar y agrupar los expedientes de las 336 causas abiertas en el Ministerio Público sobre los hechos del Caracazo.
Del mismo modo, la fiscal explicó que de la fosa común del Cementerio General del Sur fueron extraídas 125 bolsas con osamentas de personas que murieron durante el "Caracazo" que estaban "confundidas" con otros restos de fallecidos en otros años.
Las osamentas, señaló, están siendo en estos momentos analizadas por un equipo compuesto por un total de 74 expertos que llevan tres meses en la labor de identificación de los restos.
"Hasta ahora solo se ha logrado la identificación de un ciudadano cuyos restos fueron entregados a sus familiares, pero seguimos con el proceso de identificación", apostilló.
No obstante, Ortega enfatizó que "seguimos investigando, no solo porque creemos que todavía hay personas que presumimos están involucradas en estos hechos (...) seguimos investigando porque en el resto del país, no solo en Caracas, sino en los estados Carabobo, Miranda y otros, también ocurrieron hechos como el del Caracazo".
A esto añadió que hasta la fecha han sido acusados seis funcionarios por "homicidio intencional calificado con alevosía" y "quebrantamiento de pactos internacionales".
Entre los acusados se cuentan Ítalo del Valle, exministro de la Defensa; Manuel Heinz, excomandante del comando estratégico operacional de la Guardia Nacional (policía militarizada); los comandantes de la Policía Metropolitana Rafael León Orsoni y Luis Fuentes, y el entonces gobernador de Caracas, Virgilio Ávila.