La ministra de Educación Universitaria de Venezuela, Yadira Córdova, aseguró que la huelga convocada el jueves en la educación superior en demanda de mejores salarios fue acatada en 11 de las 58 casas de estudios del país. Además, en esas 11 "no se llevó a cabo al 100%", dijo a los periodistas sin aludir a las causas de la huelga.

Sin referirse a las cifras de la ministra, el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, evaluó la huelga como "muy exitosa" y sostuvo que el alza salarial del 40% decretada en abril por el Gobierno de Chávez se convirtió "en una especie de rebaja para nosotros".

Ello debido a que el Ministerio de Educación Universitaria (MEU) modificó las tablas salariales del sector de tal forma que anuló el incremento, aseguró Sánchez.

"Venimos de una desidia, de oídos sordos por parte del MEU. Del decreto del presidente Chávez del aumento salarial del 40%, el MEU lo que hizo fue modificar todos los tabuladores al punto de que el aumento fue como una especie de rebaja para nosotros", insistió Sánchez.

El dirigente destacó que la medida de fuerza fuera convocada por la Federación de Trabajadores Universitarios, que aglutina a obreros y empleados de las universidades, "pero los profesores decidieron sumarse al mismo".

"Estamos desarrollando un plan, y en base a eso hemos decretado movilizaciones, paros, marchas, tomas, vigilias (...); las asambleas de profesores han visto la efectividad de las acciones que han dado los trabajadores", sostuvo.

Los universitarios opositores y afines a Chávez mantuvieron en abril un crispado debate sobre la forma en que se debe financiar a la educación superior.

Los estudiantes progubernamentales rechazan la demanda de sus compañeros de mayores recursos por considerar que no es necesario un aumento de las partidas presupuestarias, sino un mayor control en el gasto del dinero estatal en las universidades privadas.

En julio pasado, el antecesor de Córdova, Edgardo Ramírez, pidió a la Fiscalía procesar penalmente a las autoridades de las principales universidades del país por lo que llamó "32 años de malversación". Desde 1978, las universidades recibieron de las arcas públicas el equivalente a unos 232 millones de dólares para el pago de pensiones y jubilaciones a sus profesores, empleados y obreros, pero ha sido el Estado quien ha cumplido con ello, dijo Ramírez.